Poder Judicial refuerza seguridad en oficinas de Batán
El Poder Judicial de Costa Rica ha intensificado las medidas de seguridad en oficinas judiciales de Batán, Limón, tras un ataque armado registrado el pasado 31 de diciembre. El hecho, perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que dispararon contra las instalaciones, encendió las alertas institucionales y derivó en un plan de reforzamiento estructural para proteger al personal y a las personas usuarias, garantizando así la continuidad de los servicios de justicia.
Las acciones inmediatas incluyeron la instalación de medidas preventivas, el fortalecimiento de la infraestructura y una mayor coordinación con cuerpos de seguridad. La presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Damaris Vargas Vázquez, junto a las integrantes del Consejo Superior, Siria Carmona Castro y Ana Isabel Orozco Álvarez, así como el representante Gary Bonilla Garro, visitaron las oficinas judiciales para reunirse con el personal y escuchar sus inquietudes frente a la creciente ola de violencia que afecta a la comunidad limonense.
Durante la visita, también se brindó apoyo psicológico profesional a los funcionarios, reconociendo el impacto emocional que generan este tipo de incidentes. En el encuentro participaron representantes operativos de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de Seguridad del Poder Judicial, quienes trabajan en conjunto para que las mejoras estructurales y de protección se concreten en el corto plazo.
El Consejo Superior reiteró su compromiso de asegurar el acceso a la justicia en un entorno seguro, evitando que las instalaciones judiciales sean vulnerables a ataques. Además, subrayó la importancia de la cercanía institucional con la ciudadanía, a través de respuestas rápidas y acciones efectivas para contener la criminalidad.
Desde inicios de 2024, el Poder Judicial ha aplicado medidas preventivas y correctivas como capacitaciones para el personal, inversión en sistemas de vigilancia, reforzamiento de la seguridad perimetral y mejoras en los protocolos de emergencia. Estas acciones buscan proteger tanto al funcionariado como a las personas usuarias, en un contexto donde el crimen organizado ha incrementado su presencia en la región Caribe.
Paralelamente, unidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen operativos permanentes en Batán y comunidades aledañas con el objetivo de desarticular bandas criminales y frenar el avance de actividades ilícitas. Estos esfuerzos se enmarcan en una estrategia más amplia para restablecer la seguridad ciudadana y garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos.
Expertos en seguridad advierten que los ataques a instituciones judiciales representan un desafío directo al Estado de Derecho, ya que buscan intimidar a las autoridades y obstaculizar el acceso a la justicia. En este sentido, el reforzamiento de las sedes judiciales no solo protege a quienes laboran en ellas, sino que también envía un mensaje claro de resistencia frente a la violencia.
El Poder Judicial anunció que continuará invirtiendo en infraestructura segura, capacitando a su personal en manejo de crisis y fortaleciendo la coordinación con la Fuerza Pública y el OIJ. De esta manera, se busca garantizar que las oficinas judiciales de Batán y de todo el país operen bajo las más altas condiciones de protección y servicio, incluso en zonas con alta incidencia delictiva.
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