San José, 3 de junio de 2026 – El Gobierno de la República prepara la presentación de un “plan de contingencia fiscal” para responder a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) frente a la preocupante caída en la recaudación tributaria del país.
El mandatario Rodrigo Chaves anunció que llevará esta propuesta al Consejo de Gobierno para definir las medidas que el Ejecutivo adoptará ante los riesgos económicos globales, tales como el fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas.
Aunque el presidente Chaves enfatizó que el objetivo central es evitar el aumento en el endeudamiento público, el panorama fiscal que enfrenta el país es crítico. Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, la recaudación se sitúa apenas en un 12,8% del PIB y, de mantenerse esta tendencia, podría descender hasta un 10% para el año 2031.
Este desequilibrio financiero amenaza con activar restricciones severas. Analistas y economistas advierten que la baja recaudación podría derivar en el congelamiento de salarios para el sector público a partir de 2027, condicionado por la aplicación de la regla fiscal ante una deuda gubernamental que supera el 60% del PIB.
Asimismo, la crisis presiona una compresión del gasto público que afectaría directamente las transferencias a instituciones sociales. Se teme que programas ejecutados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) sufran recortes significativos, impactando la inversión en salud, educación y la lucha contra la pobreza.
El mandatario descartó adelantar si el plan incluirá medidas como impuestos al salario escolar, a la canasta básica o modificaciones a la renta, tal como sugirió el FMI, hasta que la propuesta sea aprobada en Consejo de Gobierno Ampliado.
Ante este escenario, diversos sectores advierten que, más allá de la contingencia, el país requiere una reforma tributaria integral y progresiva, ya que las medidas actuales y la posible venta de activos estatales —opción que ha sido cuestionada por economistas como Fernando Rodríguez— no resuelven la vulnerabilidad fiscal estructural que hoy amenaza los programas sociales del país.
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