A student gives a flower to a National Police member during an anti-government protest in Caracas on February 17, 2014. Venezuelan President Nicolas Maduro on Sunday accused Washington of plotting with anti-government protesters and expelled three US diplomats in retaliation. AFP PHOTO/Leo RAMIREZ (Photo credit should read LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images)
La expectativa de un quiebre político en Venezuela tras la aprehensión de Nicolás Maduro se desinfló con rapidez. Lejos de abrir un escenario de transición o libertades, el país entró en una nueva fase de control y represión, donde incluso celebrar la caída del líder chavista se convirtió en motivo de detención.
En las horas posteriores al hecho, organismos de seguridad activaron operativos contra ciudadanos que expresaron públicamente alegría o alivio. El mensaje fue inmediato y contundente: no hay espacio para celebrar, ni siquiera el fin de Maduro. La reacción dejó claro que el problema de Venezuela no era solo un nombre, sino una estructura de poder que sigue intacta.
Las autoridades justificaron las aprehensiones bajo argumentos de orden público y estabilidad, pero organizaciones de derechos humanos alertan que se trata de una criminalización directa de la expresión, una práctica habitual del chavismo que sobrevive incluso sin su figura central al mando.
El contraste es revelador. Mientras fuera del país la diáspora venezolana reaccionó con esperanza, dentro de las fronteras el miedo volvió a imponerse. Callar sigue siendo la regla. Opinar, un riesgo. Celebrar, un delito.
Así, lo ocurrido no marca el inicio de una Venezuela libre, sino la confirmación de que la represión no dependía exclusivamente de Maduro. La detención del líder no desmanteló el aparato que sostuvo al régimen durante años. Por el contrario, dejó en evidencia que el poder sigue funcionando con los mismos reflejos autoritarios.
Para millones de venezolanos, el mensaje es tan claro como desalentador: incluso sin Maduro, la libertad sigue lejos.
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