La apertura de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves por el uso del llamado “WhatsApp del Presidente” volvió a encender las alarmas sobre el manejo de datos personales desde Casa Presidencial, reavivando comparaciones con el caso UPAD, uno de los episodios más sensibles para la institucionalidad costarricense en los últimos años.
La indagación del Ministerio Público se centra en el uso de una línea de WhatsApp impulsada desde Presidencia para la comunicación directa con la ciudadanía y la posible recopilación y almacenamiento de datos personales sin claridad sobre su resguardo, finalidad ni marco legal. El hecho de que el número haya pasado de estar a nombre del Estado a quedar registrado a nombre del propio mandatario agrega un elemento adicional de cuestionamiento jurídico y administrativo.
La investigación se conoce apenas un día después de que Chaves advirtiera públicamente sobre eventuales investigaciones del Poder Judicial y la Fiscalía, en medio de un discurso de confrontación con otros poderes del Estado. La coincidencia temporal entre sus declaraciones y la acción del Ministerio Público alimentó lecturas políticas inmediatas y tensó aún más el clima institucional.
El caso recuerda inevitablemente a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida como UPAD, creada mediante decreto en 2019 para centralizar información de distintas bases de datos estatales. Aquella iniciativa derivó en allanamientos a Casa Presidencial, investigaciones penales y un fallo de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional su creación por vulnerar derechos fundamentales vinculados a la protección de datos personales y la autodeterminación informativa.
Aunque los contextos son distintos, el hilo conductor entre ambos episodios es claro: el uso de mecanismos impulsados desde el Ejecutivo para gestionar información de ciudadanos sin un sustento normativo robusto y sin controles transparentes. En el caso del WhatsApp presidencial, la Fiscalía busca determinar si la herramienta excedió su objetivo comunicacional y derivó en la creación de una base de datos paralela sin respaldo legal.
Durante su administración, Chaves ha defendido una relación directa con la ciudadanía, al margen de intermediarios políticos y mediáticos. Sin embargo, esa lógica choca con límites legales claros cuando se trata de la recopilación y resguardo de información personal, especialmente desde el más alto nivel del poder Ejecutivo.
El nuevo expediente judicial se abre en un momento políticamente sensible, con una campaña electoral en curso y una creciente confrontación entre el Gobierno y otros actores institucionales. Para sectores críticos, la investigación revive temores de un “UPAD 2.0”; para el oficialismo, se trata de un intento por frenar la acción del Ejecutivo. Lo cierto es que el manejo de datos vuelve a colocar a Casa Presidencial bajo la lupa.
Más allá del desenlace judicial, el caso instala una discusión de fondo sobre los límites del poder presidencial, la protección de la privacidad ciudadana y la necesidad de reglas claras cuando la tecnología se convierte en herramienta política. Un debate que Costa Rica ya vivió con la UPAD y que, una vez más, regresa al centro de la escena nacional.
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