Poder Judicial pide respuesta integral contra inseguridad
El Poder Judicial de Costa Rica respondió este lunes 10 de febrero a los resultados de una encuesta que reflejó la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad, destacando que combatir la criminalidad y los homicidios requiere una estrategia integral, más allá de la acción policial y judicial.
La institución reconoció la legitimidad de la inquietud pública, pero advirtió que atribuir exclusivamente la crisis de seguridad al Poder Judicial es un enfoque equivocado. Según el comunicado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza diariamente allanamientos, operativos y detenciones bajo la dirección funcional del Ministerio Público y con la autorización de jueces y juezas, lo que evidencia —afirman— su compromiso constante con la protección ciudadana.
Fortalecimiento institucional y combate al crimen organizado
El Poder Judicial recordó que ha impulsado la asignación de más recursos y plazas para reforzar tanto al OIJ como a la Fiscalía. Además, subrayó la creación de la Jurisdicción Especial en Crimen Organizado, una instancia diseñada para enjuiciar de forma más rápida y efectiva a estructuras criminales de alto impacto.
Sin embargo, la institución enfatizó que la seguridad no puede depender únicamente de la represión. “Se necesita una respuesta integral que incluya educación, empleo y programas de inclusión social. Sin oportunidades, las comunidades más vulnerables seguirán atrapadas en un ciclo de pobreza y violencia”, indicó el pronunciamiento.
Enfoque multidimensional para la seguridad
El Poder Judicial planteó que la lucha contra la inseguridad requiere el trabajo articulado de todas las instituciones del Estado, con acciones coordinadas que combinen prevención, desarrollo social y fortalecimiento del sistema de justicia.
Expertos en criminología coinciden con esta visión, señalando que la violencia en Costa Rica no solo está asociada al narcotráfico y el crimen organizado, sino también a la exclusión social, la deserción escolar y la falta de oportunidades económicas, factores que alimentan la incorporación de jóvenes a grupos delictivos.
Autocrítica y reformas en curso
La institución reconoció que hay áreas de mejora en su labor y anunció que se encuentra trabajando en reformas normativas de materia procesal penal para agilizar los tiempos de respuesta y reforzar la capacidad de respuesta ante el crimen.
Estas propuestas, según adelantó el comunicado, serán presentadas en su momento a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de modernizar los procesos y reducir la impunidad en casos de alto impacto.
Compromiso con la paz social
El Poder Judicial reiteró su compromiso de seguir trabajando “sin descanso” para fortalecer la justicia y contribuir a devolver la paz social que demanda la ciudadanía. “La seguridad es tarea de todos, y requiere que Estado y sociedad actúen juntos para romper el ciclo de violencia y criminalidad”, concluyó la institución.
El llamado coincide con las últimas cifras publicadas por el OIJ, que reportaron en 2024 uno de los índices más altos de homicidios en la historia del país, una situación que ha generado un amplio debate sobre la efectividad de las políticas públicas y el papel de cada institución en su solución.
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