Poder Judicial invertirá ₡2.400 millones en seguridad
El Poder Judicial de Costa Rica anunció la implementación de un ambicioso Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad, con el objetivo de reforzar la protección tanto del funcionariado como de las personas usuarias de sus servicios. La iniciativa, que inició en 2024, contará con un presupuesto de ₡2.400 millones para 2025 y se desarrollará bajo tres ejes estratégicos: seguridad en infraestructura, seguridad en procesos y seguridad de las personas.
Según informó la institución, los recursos se destinarán a la mejora de las condiciones físicas y tecnológicas en las sedes judiciales, la actualización de protocolos de respuesta y la capacitación del personal en prevención y manejo de riesgos.
Entre las principales inversiones se incluyen la instalación de cerramientos perimetrales, cámaras de seguridad tipo exclusamiento, casetas de vigilancia, ampliación de sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), colocación de alarmas, botones de pánico y controles de acceso. También se fortalecerá el servicio de seguridad privada en distintas sedes.
Se revisarán y actualizarán los protocolos y reglamentos de prevención y respuesta ante amenazas, se reforzarán los sistemas de detección temprana de riesgos y se trabajará de manera coordinada con otras entidades públicas y privadas para robustecer las acciones de seguridad institucional.
El plan contempla capacitaciones obligatorias para todo el personal judicial sobre vigilancia, manejo de riesgos y medidas de autoprotección. Más del 80 % de los funcionarios ya ha recibido esta formación preventiva.
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que, pese a las limitaciones presupuestarias, la institución mantiene como prioridad la seguridad del personal y de la ciudadanía.
“Son tiempos difíciles, pero el Poder Judicial debe mantenerse firme. Vamos a salir adelante juntos”, aseguró Aguirre.
La presentación del proyecto se da en medio de un clima de preocupación por la seguridad de los funcionarios judiciales, luego del atentado contra Geiner Zamora Hidalgo, subjefe de la Delegación del OIJ en Guápiles, quien permanece hospitalizado en condición delicada tras un ataque armado ocurrido el pasado viernes.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, coordinador de la Comisión Enlace Corte-OIJ, expresó que cada delito en el país es investigado con la misma determinación y reiteró el compromiso institucional con la justicia.
Como muestra de respaldo, el presidente de la Corte Suprema, el director del OIJ, el magistrado Alfaro y el Fiscal General visitaron este lunes el Segundo Circuito Judicial de Limón, donde dialogaron con el personal, escucharon inquietudes y reafirmaron su apoyo.
En su sesión plenaria más reciente, la Corte Plena acordó solicitar al Ministerio de Hacienda el giro de los recursos ya aprobados en el Presupuesto Nacional para el OIJ y la Fiscalía. Asimismo, instruyó al Consejo Superior a priorizar las inversiones que garanticen la seguridad del personal judicial y de las personas usuarias de sus servicios.
El proyecto de seguridad forma parte de un plan integral que responde a la creciente ola de violencia y criminalidad que enfrenta el país, la cual ha impactado incluso a funcionarios del sistema judicial. Con la ejecución de estos recursos, el Poder Judicial espera blindar sus instalaciones, optimizar los protocolos de protección y fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
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