La campaña electoral costarricense avanza marcada por una seguidilla de denuncias, querellas y choques políticos que han elevado el tono del debate público y trasladado parte de la contienda a los estrados institucionales.
Uno de los episodios más recientes lo protagonizó el excandidato presidencial Claudio Alpízar, quien denunció públicamente una supuesta injerencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele en la política nacional tras su visita programada al país, y solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones mantenerse vigilante ante posibles afectaciones al proceso democrático. Un día después, el oficialismo contraatacó y presentó una denuncia ante el TSE contra el propio Alpízar, señalándolo por presunta desinformación en el marco de la campaña.
En paralelo, el debate político escaló con el enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Chaves y el expresidente Carlos Alvarado, a raíz de declaraciones sobre la pensión presidencial. Chaves sostuvo que esta no es renunciable y puso como ejemplo a Alvarado, lo que provocó una respuesta directa del exmandatario, quien rompió su silencio para calificar al presidente de “mentiroso” y “cobarde”, y admitir públicamente que su mayor error fue haber traído a Chaves al país durante su administración.
Ese mea culpa fue cuestionado por el candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, quien calificó la postura de Alvarado como un cálculo político tardío. En una carta pública, Robles puso en duda la sinceridad del arrepentimiento y enumeró una serie de momentos clave del actual gobierno en los que, a su criterio, las disculpas debieron haberse producido.
Otro frente se abrió cuando la diputada oficialista Pilar Cisneros calificó de “pensionada de lujo” y “sinvergüenza” a la exmagistrada y candidata Ana Virginia Calzada. Las declaraciones derivaron en una querella presentada por Calzada, trasladando el conflicto del plano político al judicial.
A esto se sumó la confirmación de que la Fiscalía investiga al presidente Chaves por el uso de datos obtenidos de un grupo de WhatsApp, un escenario que el propio mandatario había anticipado al advertir que vendrían acusaciones en su contra.
Finalmente, el candidato Álvaro Ramos también fue objeto de una denuncia ante el PANI por la participación de su hija en actividad de campaña. El caso fue investigado, se realizaron diligencias y entrevistas, y concluyó sin sanciones ni acciones posteriores, quedando el asunto archivado.
En conjunto, estos episodios reflejan una campaña atravesada por denuncias cruzadas, confrontaciones personales y judicialización del discurso político, en un contexto donde la vigilancia institucional y el escrutinio público se han convertido en protagonistas del proceso electoral.
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