La contralora general de la República, Marta Acosta, y su auditor interno, evitaron investigar las acciones de seis de sus funcionarios que estuvieron detrás de la nota técnica que usó la Fiscalía como justificación para realizar más de veinte allanamientos como parte del caso barrenador.
Tanto Acosta como su auditor y seis de sus funcionarios están ahora demandados por Coopesalud R.L, pues se considera un hecho grave el que la contralora y su auditor rechazaran la revisión de las acciones de los funcionarios del Área de Denuncia Ciudadana, que dieron visto bueno al informe del Área de Contabilidad de Costos de la Caja que, de acuerdo con una pericia forense, está lleno de errores y con el cual se habría basado la Fiscalía para darle vida al ahora maltrecho, caso barrenador.
“El caso barrenado básicamente se sostiene bajo una premisa de precios irrazonables. ¿Cuál es el problema? (…) la Contraloría hace una investigación que en nuestro criterio es absolutamente irregular por dos razones: el procedimiento empleado; una investigación echa apresuradamente, en siete días, que es atípico en el órgano contralor y que valida sin fundamento metodológico ni cartelario, el estudio emitido por el Área de Contabilidad de Costos”, dijo Roy Ramos, abogado y vocero de Coopesalud al programa Pulso Político, de Radio Actual.
La declaración de Ramos llega luego que Coopesalud, Coopesain y Coopesana demandaran a la contralora Marta Acosta, al auditor interno de la Contraloría y a seis funcionarios por la elaboración de la nota técnica (DFOE-BIS-NT-00001-2024), que usó el Ministerio Público para justificar los allanamientos del llamado caso barrenador.
Las cooperativas señalan que tanto la contralora Marta Acosta como el auditor interno Jorge Suárez Esquivel, se negaron a investigar las acciones irregulares mediante las cuales, seis funcionarios elaboraron, en tiempo récord, una defectuosa nota técnica que permitió los allanamientos sin sustento técnico adecuado.
Dicha nota técnica, estaba basada en un estudio defectuoso del Área de Contabilidad de Costos de la Caja, donde se manipularon las tablas contables que evidenciaban ahorros millonarios para la Caja Costarricense de Seguro Social, y argumentando, por el contrario, supuestos sobreprecios que dañaron el proceso de adjudicación de 138 Ebais a cuatro cooperativas de salud y a una asociación.
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