La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, aseguró que, si la inseguridad en el país se agrava, estaría dispuesta a impulsar ante la Asamblea Legislativa una suspensión de garantías individuales en zonas de alta criminalidad.
Durante declaraciones recientes, Fernández señaló que su eventual gobierno consideraría esta medida “en casos estrictamente necesarios”, particularmente ante una posible escalada del sicariato o de delitos vinculados al crimen organizado.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios, y si viéramos una escalada en el sicariato o en delitos asociados al crimen organizado, a solicitar a la Asamblea Legislativa restricción o suspensión de garantías individuales”, manifestó la aspirante presidencial.
Fernández explicó que la iniciativa buscaría facilitar operativos policiales en sectores con altos índices de delincuencia.
“Significa que si la cosa se pone muy fea, que Dios no lo permita, pero que si se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos maleantes de circulación”, agregó.
La candidata aclaró que la medida se aplicaría únicamente en territorios específicos, y no implicaría un toque de queda nacional.
“No se trata de un toque de queda nacional, ni mucho menos”, puntualizó Fernández.
La suspensión de garantías individuales está contemplada en el artículo 121, inciso 7) de la Constitución Política, que faculta a la Asamblea Legislativa a aprobarla “en caso de evidente necesidad pública”, siempre que cuente con el respaldo de al menos 38 votos.
El planteamiento de Fernández se da en un contexto de creciente preocupación por los niveles de inseguridad en el país, con aumentos en los homicidios y delitos asociados al narcotráfico registrados durante los últimos años.
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