Azyhadee Picado, actual como jefa del Área de Contabilidad de Costos y una de las acusadoras en el caso barrenador, se encuentra suspendida de su cargo por supuestas irregularidades en la presentación de estados financieros. Ella ya tiene expediente en la Caja, pues aparece como firmante de documentos relacionados con una estropeada metodología que terminó bajo cuestionamiento judicialy que le costó a la Caja la devolución de más de ₡744,7 millones.
El caso se originó por retenciones aplicadas por la Caja a Coopesalud entre junio de 2014 y febrero de 2019, relacionadas con servicios de médicos especialistas en los contratos correspondientes a las áreas de salud de Pavas y Desamparados a una de las cooperativas de salud que brinda servicios de Ebais.
La resolución judicial permite establecer una relación directa entre Picado y el proceso administrativo cuestionado.
Según el expediente, el 8 de septiembre de 2014 el oficio ACC-2218-2014/SACCH-123-2014 fue suscrito por Azyhadee Picado Vidaurre, en calidad de jefa del Área de Contabilidad de Costos, junto con Freddy Salazar Salazar, jefe de la Subárea de Contabilidad de Costos Hospitalarios.
Posteriormente, Coopesalud manifestó su disconformidad con la metodología utilizada por esas dependencias para calcular los rebajos.
Sala I recalcó errores de metodología
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar la demanda y condenó a la CCSS a devolver los ₡744.688.162, junto con intereses, eventual indexación y ambas costas del proceso.
La Caja intentó revertir la decisión mediante un recurso de casación, pero la Sala Primera mantuvo la condena.
Sala cuestionó metodología de la Caja
La resolución de Sala Primera resulta particularmente contundente sobre los cálculos utilizados.
Los magistrados concluyeron que la metodología aplicada por la CCSS para determinar los rebajos no se ajustó a las reglas de la ciencia, la técnica, la razonabilidad, la lógica y la equidad.
La Sala señaló además que se produjo una “errática aplicación de una fórmula matemática”, mediante la cual se incorporaron componentes que no correspondían para calcular el monto que debía descontarse.
Como consecuencia, determinó que los rebajos realizados por ₡744,7 millones eran indebidos y ordenó su devolución completa a Coopesalud, junto con los respectivos intereses.
La propia Caja reconoció el fallo
El caso volvió posteriormente a la Junta Directiva de la CCSS.
El acta de la sesión 9551, del 28 de octubre de 2025, registra que los directivos fueron informados de una sentencia favorable a Coopesalud por aproximadamente ₡744,6 millones, además de indexación, costas e intereses.
Durante la discusión se indicó además que existían varios procesos judiciales relacionados y que al menos uno ya se encontraba firme. La posibilidad de una conciliación fue planteada para evitar una mayor acumulación de intereses en perjuicio de la institución.
El antecedente cobra nueva relevancia tras la suspensión cautelar de Picado mientras la institución investiga otros cuestionamientos relacionados con información financiera.
El expediente Coopesalud demuestra, sin embargo, que los cuestionamientos técnicos sobre el área que dirige no son nuevos.
Años antes de las actuales investigaciones, una metodología aplicada por Contabilidad de Costos terminó siendo rechazada por los tribunales y obligó a la Caja a devolver ₡744,7 millones —aproximadamente $1,5 millones—, más intereses y costas.
La condena fue contra la CCSS y no personalmente contra Azyhadee Picado. No obstante, la resolución judicial identifica a Picado como jefa del Área de Contabilidad de Costos y firmante de uno de los documentos incorporados en los antecedentes del conflicto.