La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, planteó que las plataformas digitales de transporte y reparto, como Uber y DiDi, sean consideradas patronos de los conductores y repartidores que operan mediante sus aplicaciones, con el objetivo de garantizar derechos laborales y acceso a la seguridad social.
La propuesta forma parte de su plan de gobierno, específicamente bajo el eje de “formalización del trabajo en la economía digital”, y busca que las relaciones laborales en estas plataformas sean compatibles con la legislación laboral vigente. Entre los derechos que se pretenden asegurar están el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cotización para pensión y el acceso a condiciones laborales mínimas.
Aunque el planteamiento ha generado debate, no es nuevo. Durante administraciones anteriores, incluidos los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC) —agrupación a la que pertenece Dobles—, se presentaron varios proyectos para regular estas plataformas, todos sin éxito en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa también contempla la creación de mecanismos de compensación para sectores impactados por estas plataformas, como el gremio de taxistas, lo que amplía el alcance y la controversia del planteamiento.
Según datos citados por la candidatura, más de 15.400 conductores de transporte operan en plataformas digitales únicamente en la Gran Área Metropolitana. De ellos, un 68% no cuenta con seguro social y un 78% no cotiza a ningún régimen de pensiones, situación que los expone a una alta vulnerabilidad ante accidentes, enfermedades o la vejez.
Dobles ejemplificó su propuesta con el caso de un conductor que sufrió un accidente y quedó hospitalizado sin seguro ni ingresos. “Un accidente no lo puede dejar en cero mientras trabaja”, afirmó en un video difundido en redes sociales. Asimismo, subrayó que las plataformas deben aportar a la seguridad social bajo esquemas justos, que no afecten de manera desproporcionada los ingresos diarios de los trabajadores.
Como parte del plan, la candidata propuso además la creación de un seguro de accidentes específico para conductores de plataformas, con el fin de garantizar atención médica y respaldo económico en situaciones de emergencia.
El planteamiento abre un debate de alto impacto económico y social, ya que el reconocimiento de una relación laboral implicaría que las plataformas asuman obligaciones patronales, lo que podría derivar en cambios en su modelo de negocio y en el costo final del servicio para los usuarios.
En el ámbito judicial, en 2023 un conductor de Uber ganó una demanda en la que un juez determinó que existía una relación laboral subordinada, obligando a la empresa al pago de prestaciones como seguridad social, vacaciones y aguinaldo. En 2024, otro fallo similar reconoció un vínculo laboral entre Uber y un repartidor.
En el plano legislativo, un proyecto impulsado por el Frente Amplio para establecer una relación laboral entre plataformas de reparto y sus colaboradores fue dictaminado en 2025 en la Comisión de Asuntos Económicos. Por su parte, el actual gobierno promovió una iniciativa que considera a los conductores como trabajadores independientes, sin vínculo laboral, estableciendo una tarifa mínima de referencia y obligaciones como registro ante Tributación y pago de seguro social.
Mientras tanto, la oposición legislativa, encabezada por el Partido Liberal Progresista (PLP), impulsa un proyecto que permitiría operar a Uber y DiDi como un servicio privado colaborativo, una propuesta que ha sido cuestionada por los taxistas, quienes la consideran una legalización que los coloca en desventaja frente a las regulaciones que sí deben cumplir.
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