La Asamblea controlada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele votó a favor de una ley que da inmunidad a funcionarios que habrían comprado insumos médicos de forma irregular durante la pandemia del Covid-19.
por: Aarón Chinchilla / 7 mayo, 2021
(ElFaro/PulsoCR). – La Asamblea controlada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele votó a favor de una ley que da inmunidad a funcionarios que habrían comprado insumos médicos de forma irregular durante la pandemia del Covid-19.
En la segunda sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de la legislatura 2021-2024, el bloque de diputados del bukelismo blindó con inmunidad a una de las áreas más cuestionadas del Gobierno por casos de corrupción durante la pandemia: todas las instancias del sector Salud.
La medida beneficia al ministro de Salud Francisco Alabí, a la ex ministra Ana Orellana, a la comisionada de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, a la ex directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Rosa Delmy Cañas, a la exdirectora de la Dirección Nacional de Medicamentos, Mónica Ayala, y a otros funcionarios que como parte del Gabinete de Salud autorizaron compras e importaciones irregulares de insumos médicos.
‘Las siguientes personas o entidades que operan en el sector salud gozarán de inmunidad ante denuncias o demandas judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial y obligación de indemnizar”, dice el artículo cuatro.
La inmunidad no solo es para los altos funcionarios. También incluirá a una cadena de personas que participan en el proceso de compra, tales como funcionarios, contratistas de insumos, médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias y, en general, quienes trabajan en el sector salud.
‘Eso incluirá el diseño, desarrollo, prueba o investigación clínica, fabricación, etiquetado, distribución, transporte, almacenamiento, formulación, empacado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación, prescripción, administración, concesión de licencias, comercialización o uso de tales productos para tratamientos médicos para atender la pandemia COVID-19’.
Del mismo modo, los legisladores de Nuevas Ideas (NI) y sus partidos aliados (Gana, PCN y PDC) aprobaron un decreto que permite realizar compras sin cumplir los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y dispensa de responsabilidades administrativas.
Además, el decreto cierra la posibilidad de que la Fiscalía, controlada por el presidente, continúe con las investigaciones por las compras de emergencia, incluso las realizadas durante el 2020.
La iniciativa fue sometida a votación casi inmediatamente después de haber sido agendada. Es decir, no siguió el proceso de formación de ley que establece un debate previo en una comisión de trabajo de la Asamblea.
En agosto de 2020, el ministro de Salud autorizó la compra de botas de hule por $225,000 para una empresa de su tía y de sus primos; también entregó un contrato por protectores faciales por $750,000 a un socio del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; un contrato por $250,000 por protectores faciales a una empresa de la familia del entonces presidente del Fonaes, Jorge Aguilar Zarco; y $344,000 a una empresa de la familia del entonces diputado de Arena, Gustavo Escalante.
También estaban bajo investigación de la Fiscalía contratos a proveedores sin experiencia en la fabricación y distribución de equipo e insumos médicos en España, Estados Unidos y China: un contrato de $12 millones a Javi Performance Parts SL, un taller automotriz en Madrid; $5.6 millones distribuidos entre Lasca Design, una tienda de azulejos en Miami, Florida, y Shanghai Beyond Import & Export, una tienda de máquinas expendedoras de dulces, juguetes y condones en China.
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