Como para terminar de echarse encima a quienes faltaban, desentenderse un poco del lío de la UPAD o bien, pura sinceridad sin timming político, esta tarde el presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo pública su posición sobre la aplicación de la regla fiscal: “debe aplicarse en toda su extensión”.
por: Esteban Mata / 25 febrero, 2020
Como para terminar de echarse encima a quienes faltaban, desentenderse un poco del lío de la UPAD o bien, pura sinceridad sin timming político, esta tarde el presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo pública su posición sobre la aplicación de la regla fiscal: «debe aplicarse en toda su extensión».
La posición de Alvarado quedó plasmada en un tweet a eso de las 5:27 p.m. de este martes, en el que afirma que llegó a esa conclusión tras conversaciones con personeros de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio de Hacienda, quienes según su decir, señalan que la ley debe aplicarse en toda su extensión.
La regla fiscal, en sí, es un tope a los gastos del sector público. Una medida de austeridad que aunque no va a salvar al país del déficit fiscal, se ha convertido en una señal para el sector privado de la voluntad del gobierno de apretar la faja de acuerdo con los lineamientos de las calificadoras de riesgo internacional y de entidades como el FMI y el Banco Mundial (BM), este último, el anterior lugar de trabajo del actual ministro de Hacienda.
A partir de las conversaciones entre @HaciendaCR, el Ministerio de la Presidencia y la @cgrcostarica hemos establecido los parámetros para la aplicación de la Regla Fiscal.
La Regla Fiscal debe aplicarse en toda su extensión. Por eso es ley de la República.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 25, 2020
En el tweet no dejan en el suelo la posición de entidades autónomas, como el Poder Judicial, las universidades públicas y organizaciones municipales, solo por mencionar algunoas de las organizaciones que insisten en buscar alguna forma de aplicar la regla fiscal.
Los sindicatos municipales, azuzados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ya han anunciado tambores de guerra contra la aplicación de la regla fiscal en los ayuntamientos, y esta posición compagina con organizaciones como la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
«La autonomía constitucional del régimen municipal fue violentada, mancillada y así, de facto, por medio de una cuestionada ley ordinaria, se derogó la autonomía» municipal, había señalado ANEP en un comunicado del pasado 27 de enero.
En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, su junta directiva ya había anunciado en agosto del 2019, tras presiones sindicales, que se revelarían a la aplicación de la regla fiscal. Esto provocó un choque de frente con el tren de la Contraloría.
Pero en las universidades públicas, fue el Consejo Nacional de Rectores quien se había pronunciado en contra de la aplicación de la regla, usando como argumento la defensa de su autonomía.
Sin embargo, dicha autonomía, a criterio de la Contraloría y Hacienda, no reviste un pase especial para evitar la aplicación del tope a los gastos en estas entidades estatales.
Así que es solo cuestión de momentos para que la nueva ola de protestas, quema de llantas, reclamos exaltados y rechinido de dientes se haga presente en nuestra agenda noticiosa nacional. Su reacción se ha venido fermentando de forma sostenida.
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