La contralora general, Marta Acosta, compareció ante la Comisión Especial Legislativa que investiga las presuntas irregularidades en la implementación del Sistema de Recursos Empresariales RPSAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Su intervención estuvo marcada por señalamientos sobre la gravedad de los efectos operativos generados tras la entrada en producción del sistema.
Acosta detalló que la activación del RPSAP se realizó sin cumplir las condiciones mínimas establecidas por la propia Caja, pese a múltiples advertencias técnicas emitidas antes de su puesta en marcha. Según indicó, la decisión provocó una afectación directa en las operaciones financieras, logísticas y administrativas de la institución desde el 2 de junio de este año.
La contralora explicó que el problema dejó de ser únicamente un asunto interno del proyecto tecnológico y pasó a comprometer el funcionamiento cotidiano de la entidad. “La crisis generada es operativa, no solo administrativa”, subrayó, destacando que los procesos esenciales de la institución quedaron expuestos a fallas significativas.
Durante su participación, Acosta también señaló la necesidad de que la CCSS restablezca las normas y procedimientos esenciales para el funcionamiento de sus operaciones, ya que varios de ellos se encuentran debilitados tras la implementación del sistema. Advirtió que, bajo las condiciones actuales, la institución trabaja por debajo de los estándares internacionales recomendados, lo que incrementa los riesgos operativos.
Los diputados de la comisión cuestionaron además la falta de avances del proyecto entre 2016 y 2023, periodo en el que estuvo bajo la Gerencia Financiera. Aunque estos señalamientos estaban dirigidos a la gestión interna de la Caja, también formaron parte del diálogo con la contralora, quien examinó la documentación y los informes emitidos durante esos años.
La comisión legislativa continuará recibiendo a los comparecientes para profundizar en la información técnica y administrativa relacionada con el proyecto RPSAP, mientras se analizan las responsabilidades institucionales y se evalúan acciones correctivas.
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