Poder Judicial Reafirma Compromiso Con La Niñez En Conflicto Con La Ley
Ante recientes declaraciones emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo durante la conferencia de prensa del pasado 25 de junio, el Poder Judicial de Costa Rica aclaró que no evade su responsabilidad con las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, y que por el contrario, las atiende con responsabilidad, sensibilidad y conforme al marco legal nacional e internacional.
La posición judicial responde a comentarios que sugieren que el sistema judicial estaría trasladando a adolescentes infractores a albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como una forma de eludir responsabilidades. Desde el Poder Judicial se enfatiza que esa percepción es errónea y reduccionista, y se recordó que los jueces penales juveniles actúan conforme al interés superior del menor, priorizando la protección, integridad y dignidad de las personas adolescentes involucradas en procesos penales.
Niñez con derechos, incluso en conflicto con la ley
Las autoridades judiciales recalcaron que los adolescentes en conflicto con la ley siguen siendo sujetos plenos de derechos, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional. Esto incluye el derecho a la protección estatal, a una vida digna, y al acceso a servicios esenciales como vivienda, alimentación, salud y educación.
Muchos de los jóvenes que ingresan al sistema penal juvenil provienen de contextos marcados por abandono, pobreza, violencia y exclusión social. Ante estas realidades, el rol de los jueces penales no se limita a resolver el aspecto judicial, sino que también deben garantizar condiciones de protección cuando no existen figuras parentales responsables, recurriendo a instituciones como el PANI para garantizar la seguridad de los menores.
Envío a albergues no es castigo, sino protección
El Poder Judicial fue enfático en desmentir que los albergues del PANI estén siendo utilizados como sustitutos de centros penales. En muchos casos, los delitos no son graves ni ameritan medidas privativas de libertad, por lo que la reubicación temporal en un albergue responde únicamente a situaciones de riesgo, desamparo o vulnerabilidad extrema.
Los jueces juveniles entienden claramente los límites y competencias de cada institución. Las medidas adoptadas buscan preservar la seguridad e integridad del menor, no castigar. “Enviar a un adolescente a un albergue del PANI no es ‘quitarse el tiro’, sino una respuesta humanitaria y legal ante la falta de redes de apoyo familiar”, señala la postura judicial.
Un llamado a fortalecer políticas de protección integral
Finalmente, el Poder Judicial hizo un llamado a las instituciones del Estado para fortalecer de manera urgente las alternativas integrales de protección. Esto incluye dotar al PANI y demás órganos vinculados con equipos interdisciplinarios capacitados, espacios adecuados, y políticas públicas que no revictimicen a los menores, sino que promuevan su reintegración social.
Desde la judicatura se insiste en que la solución no puede ser únicamente represiva. Es fundamental ofrecer a estos jóvenes oportunidades reales, acompañamiento psicosocial, y programas que rompan el ciclo delictivo, construyendo rutas de inserción, educación y esperanza.
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