A un año de los allanamientos de la Fiscalía en contra de cooperativas y funcionarios de la Caja en el mal llamado caso “Barrenador”, la representación de Coopesalud RL dejó en evidencia, ante los diputados, la manipulación y errores contables escandalosos que fundamentaron esa investigación.
Este 23 de septiembre se cumplió un año de los allanamientos, fecha que coincidió con la segunda audiencia a la que acudió el gerente de Coopesalud, el Dr. Alberto Ferrero, junto a representantes de Coopesana y Coopesiba.
El Dr. Ferrero aclaró el papel de Coopesalud RL en un proceso accidentado, marcado por el manejo malintencionado que se dio al análisis del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Como resultado de acciones precipitadas e indebidamente fundamentadas de la Fiscalía Adjunta de Probidad, nuestras oficinas fueron allanadas y dispositivos electrónicos organizacionales incautados”, señaló.
En la audiencia ante los diputados, con números en mano, Ferrero dejó claro que el caso barrenador se basó en la manipulación realizada por tres funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS en su Estudio de Razonabilidad de Precios, con el fin de aparentar la existencia de “sobreprecios” que, en realidad, son precios razonables que generan ahorros millonarios a la CCSS.
A esto se sumó la conducta negligente de seis funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes validaron dicho estudio pese a que, además de fraudulento, era ilegal.
Coopesalud ha insistido en que se han dado atrasosinjustificados del proceso de investigación por parte de la Fiscalía, así como una injustificada opacidad en el proceso de análisis de datos y una negativa a realizar un peritaje forense del proceso.
En atención a lo anterior, Coopesalud ha presentado diversas denuncias ante las Auditorías Internas de la CCSS y de la Contraloría General de la República, así como ante la Inspección Judicial. También se han interpuesto denuncias y querellas contra los funcionarios señalados y, en las próximas semanas, se presentará otra denuncia ante la Procuraduría de la Ética y tres demandas en la vía contencioso-administrativa.
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