Lo que pasa en el PANI con las denuncias contra Álvaro Ramos es para ponerle atención. La politización de la expresión libre de los menores de edad es un asunto que se debía revisar con pinzas, y no en conferencia de prensa, más allá de si sus padres son quienes exponen a los menores a la acción política.
Ahora, el autodenominado Robert Junior, Robert Barrantes Camacho, en el mundo real y candidato a diputado por el oficialismo, salió rascando con su hija, por un video de hace tres años.
Ante la denuncia desproporcionada de la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, la institución se vio obligada a abrir un expediente en contra del candidato a diputado.
Ni la hija del candidato a diputado, ni la hija del candidato presidencial, deberían ser objeto de memes y burlas, ni exposiciones innecesarias.
Sin embargo, la instrumentalización del PANI, de forma política, sin ningún filtro técnico, supone una bandera roja en el manejo que el propio PANI hace de sus casos.
Una nota de Delfino.cr, con datos de un estudio del Departamento de Planificación del PANI, señalan que hasta septiembre de 2024, existían más de 21.000 denuncias sin atender.
Asimismo, se identificaron 88.779 personas menores de edad incluidas en denuncias ingresadas, de las cuales 21.600 no recibieron respuesta institucional.
Que salga la presidenta del PANI por un caso en particular de clara dirección política, suele terminar como un directo, limpio e innecesario, disparo en el propio pie.
En la oficina de la Presidencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), olvidan que hay un expediente de investigación abierto en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, que busca determinar el estado de las oficinas regionales, la sobrecarga laboral del personal y el rezago en la atención de denuncias por violaciones a los derechos de menores de edad.
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