La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó enjuiciar a la presidenta de facto, Jeanine Áñez y ministros por presuntos delitos de violación a Derechos Humanos (DDHH) y tentativa de asesinato, en contra de pobladores de Sacaba y Senkata.
por: Aarón Chinchilla / 29 octubre, 2020
(Agencias/PulsoCR). – Por mayoría, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó enjuiciar a la presidenta de facto, Jeanine Áñez y ministros por presuntos delitos de violación a Derechos Humanos (DDHH) y tentativa de asesinato, en contra de pobladores de Sacaba y Senkata.
Con dos tercios de los parlamentarios a favor, la ALP clausurará su mandato con la aprobación del juicio de responsabilidades en contra de la autoproclamada presidenta de facto Jeanine Añez por los hechos de violencia, atentados, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y violación de Derechos Humanos en Sacaba y Senkata, en donde fallecieron una decena de personas y más de 120 resultaron heridas.
Del mismo modo, deberán comparecer en juicio ordinario el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López por delitos de atentado y tentativa de asesinato, además de genocidio
Adicionalmente, se instauró una Comisión Especial Mixta de Investigación dará su informe a la ALP sobre la “posible vulneración de derechos y garantías constitucionales», por parte de Áñez y su gabinete, en las movilizaciones de Senkata en El Alto; Sacaba en Cochabamba y Yapacani en Santa Cruz.
“La comisión está instruyendo un juicio de responsabilidades y juicio ordinario. Estamos pidiendo que la Asamblea se constituya en parte querellante, tendríamos que presentar una querella y una denuncia a la Fiscalía para que empiecen los actos investigativos”, informó el presidente de la comisión, Víctor Borda.
Adicionalmente, se determinó que Añez deberá responder ante la justicia por firmar el Decreto Supremo 4078 que autorizó a las Fuerzas Armadas (FFAA) a realizar operaciones para establecer el orden público y eximió a los militares de cualquier responsabilidad penal.
“Hemos visto que este decreto es una resolución contraria a la Constitución y hay un incumplimiento de deberes respecto a la omisión, ha determinado un juicio de responsabilidades (a Añez) y a sus ministros que suscribieron este documento (…) Esta norma ha generado la impunidad, está fundamentada con la Ley 1760, esa ley fundamenta la abreviación procesal y asistencia familiar, que nada tiene que ver. Además, esa fue abrogada por el nuevo Código Procesal Civil”, explicó el asambleísta del MAS.
La Presidenta afirmó en su cuenta de Twitter que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales y mandatario electo, Luis Arce, “recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto”.
En noviembre de 2019, en el marco del Golpe de Estado, las Fuerzas Armadas bolivianas (FFAA) intervinieron las localidades de Senkata y Sacaba y reprimieron a civiles que se encontraban en las protestas.
El 15 de noviembre, al menos 11 civiles fueron muertos y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles fueron muertos y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.
Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, afirmó que la totalidad de las personas fallecidas habían sido «muertos con escopeta, con bala (calibre) 22, con dinamita y justificaron los actos asegurando que fueron «asesinados por sus mismos compañeros».4
Por su parte, la Fiscalía General del Estado Plurinacional señaló que, en los actos, se utilizaron bombas molotov.
El 10 de diciembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó los actos como una masacre, mientras que, en septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en el informe «Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia», afirmó que las acciones de los efectivos policiales y militares en Sacaba y Senkata derivaron en una masacre y que el Gobierno de Jeanine Áñez era responsable de delitos de lesa humanidad.9
No obstante, los actos fueron avalados por Áñez, quien emitió el decreto 4078 que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal a los efectivos de las Fuerzas Armadas de Bolivia que actuaran ante las protestas a favor de Evo Morales.
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