El Poder Ejecutivo mantiene sin convocatoria un proyecto de ley que busca reformar y fortalecer el régimen disciplinario del Poder Judicial, iniciativa clave para combatir la corrupción y la infiltración del crimen organizado en esa institución.
El expediente 24.860, dictaminado de forma positiva por la Comisión de Asuntos Jurídicos, estaba listo para ser discutido en el Plenario. Sin embargo, el Gobierno decidió no incluirlo en la agenda legislativa durante el actual periodo de sesiones extraordinarias, en el cual el Ejecutivo controla los proyectos que se discuten.
La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, confirmó que el proyecto no será convocado por el momento, al considerar que “el Ejecutivo tiene otras prioridades”.
La iniciativa propone actualizar los procedimientos disciplinarios, ampliar los plazos de investigación y permitir el uso de pruebas de causas penales en los procesos administrativos. También plantea una reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial para hacerlo más ágil y especializado.
El magistrado Jorge Leiva, principal impulsor del proyecto, explicó que el objetivo es dotar al Poder Judicial de “más herramientas y colmillos” para investigar y sancionar faltas, así como cerrar espacios a la corrupción. “El crimen organizado siempre va a intentar infiltrarse en las instituciones públicas, y el Poder Judicial no es la excepción”, advirtió.
La oposición legislativa criticó la decisión del Ejecutivo. El liberacionista Danny Vargas, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, lamentó que el Gobierno frene una propuesta “lista para avanzar”.
Por su parte, Alejandro Pacheco (PUSC) calificó de “lamentable” que no se priorice una ley que busca sancionar funcionarios corruptos, mientras que Gilberto Campos (PLP) señaló que el oficialismo “no muestra interés en combatir la corrupción dentro del Poder Judicial”.
La frenteamplista Rocío Alfaro coincidió en que el proyecto “fortalece los mecanismos de control” y cuestionó las prioridades del Ejecutivo.
El régimen disciplinario judicial no ha sido actualizado de forma integral en más de 30 años, pese a que la Inspección Judicial abre en promedio 14 nuevas causas por día hábil y acumula más de 17.000 investigaciones activas contra funcionarios.
Acerca del autor
