Franggi Nicolás (PLN) propone gravar con un impuesto solidario a las personas físicas que tengan un patrimonio superior a más de $2.5 millones y empresas o personas jurídicas que tengan más de $5 millones en activos.
por: Aarón Chinchilla / 29 julio, 2020
Mediante un proyecto de ley, la diputada Franggi Nicolás (PLN) propone gravar con un impuesto solidario a las personas físicas que tengan un patrimonio superior a más de $2.5 millones y empresas o personas jurídicas que tengan más de $5 millones en activos.
A través de expediente 22.113, la liberacionista plantea taxar grandes capitales acumulados de las empresas y personas con el mayor poder adquisitivo, mediante un impuesto solidario de un 1% sobre el valor de su capital reportado en su última declaración de la renta ante la Administración Tributaria.
Dicho impuesto aplicará sobre el conjunto de activos, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes intangibles, financieros y fideicomisos que posean las empresas y personas más acaudaladas del país
«Ante el momento crucial y de calamidad en que se encuentra nuestro país y el estado de desastre nacional en que ya estaba nuestra economía y que se ha acentuado por la pandemia del COVID-19, es ineludible que busquemos medidas excepcionales, que permitan generar los recursos necesarios para combatir la situación de crisis que hoy pone a nuestra economía en estado de coma. Para ello es indispensable promover que los sectores más fuertes y acaudalados de nuestra economía, que acuñan grandes fortunas y grandes capitales, hagan un esfuerzo extraordinario, para que tributen consecuentemente y así logren aportar solidariamente al resto de la sociedad, teniéndole la mano a aquéllos sectores vulnerables que hoy se encuentran con los pies al borde del precipicio», dijo.
Dicho gravamen aplicaría también para las personas físicas que no sean declarantes, pero que la suma de su patrimonio sea superior a $2.5 millones. Misma situación con personas jurídicas que no sean declarantes pero que la suma de su patrimonio sea superior a los $5 millones.
Adicionalmente, Nicolás plantea que los fondos recaudados sean destinados a distintos fines, tales como abonar a la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), «Bono Proteger», ayudas comunales y de desarrollo municipal y programas de movilidad laboral voluntaria- pensión anticipada voluntaria para funcionarios públicos, entre otros.
Quedarían exceptuadas del cobro del impuesto las organizaciones de economía social solidaria y por otra parte, las empresas u organizaciones podrían ver disminuida la tarifa, por el número de propietarios y trabajadores directos, en caso que ejecuten inversión en proyectos afines al medio ambiente y de responsabilidad social que afecten positivamente a la comunidad o al territorio donde ejercen sus actividades.
«(…) Es claro que este llamado para que sea justo y potable a la sociedad, no puede ni debe excluir a quienes han acumulado más riqueza, que además deberían ser los llamados a aportar un mayor esfuerzo en comparación con la capacidades de otros ciudadanos», apuntó.
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