La UNED rechazó de plano el informe aprobado por la Asamblea ya que es desfasado respecto a la realidad de la actividad universitaria ordinaria, los principios constitucionales de autonomía y además, «representa un claro retroceso en las garantías y cometidos del constituyente en cuanto a la grandeza y fines de la universidad superior pública».
por: Aarón Chinchilla / 29 junio, 2020
Luego que la Asamblea Legislativa aprobara un informe de mayoría del FEES, el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) aseguró que el documento emitido por el Congreso no se apega a la realidad de las casas de estudios y además afecta los principios de autonomía y derecho humano a la educación.
Mediante comunicado, la casa superior de estudios rechazó de plano el informe aprobado, bajo expediente 21.052, ya que es desfasado respecto a la realidad de la actividad universitaria ordinaria,los principios constitucionales de autonomía y además, «representa un claro retroceso en las garantías y cometidos del constituyente en cuanto a la grandeza y fines de la universidad superior pública».
En la misma línea, el Consejo de la UNED aseguró que las recomendaciones emitidas en dicho documento son «un retroceso» y pueden dar pie a injerencias políticas para una institucionalidad que debe ser totalmente autónoma en cuanto a la libertad de pensamiento y libertad de cátedra»
«La Autonomía Universitaria no debe verse de ninguna manera como un obstáculo, sino como una garantía dentro de un Estado Social de Derecho (…) Las universidades públicas se encuentran realizando un ejercicio intelectual y responsable, para repensar la respuesta que se ofrece a la sociedad, para sustentar el desarrollo científico, tecnológico, social y humanista de cara a las nuevas exigencias a nivel profesional en todos los campos de formación».
Ante tal afrenta, el Consejo hizo un llamado a la comunidad universitaria nacional, a la ciudadanía y a los diferentes sectores sociales que establezcan un diálogo nacional sobre las implicaciones que «lo expuesto en ese documento tendrían para la democracia», las cuales lesionan la Autonomía Universitaria y van en contra de la educación superior universitaria pública e instaron a los medios de comunicación que informen, de manera responsable «y sin intereses gremiales» sobre la labor de las universidades públicas de Costa Rica.
El informe presentado por la Comisión Legislativa, presidida por Wagner Jiménez (PLN) señala que las universidades públicas se encuentran en riesgo de desaparecer si no empiezan con una severa revisión de sus finanzas, restringen abusos, privilegios y altos salarios de jerarcas.
Asimismo, precisa que si las casas de estudio no toman medidas del gasto pertinentes y no concientizan sobre de la coyuntura actual, en un corto plazo no serán sostenibles y eventualmente, se podrían cerrarse cursos, sedes o los mismos centros académicos.
Otro punto considerado es que la política salarial de las universidades pone en riesgo al FEES, generando, en un corto plazo, el cierre de sedes y ofertas académicas.
“Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades. Las negociaciones del FEES entre el gobierno y las universidades púbicas, se han concentrado únicamente en el traslado de los recursos, dejando de lado la posibilidad de acordar metas, programas o proyectos, que vayan en concordancia con las prioridades del país en materia de desarrollo, ambiental, económico y social”, precisa el documento.
El informe concluye que las universidades públicas deben someterse a un régimen de empleo público, que asegure la sostenibilidad financiera del FEES y la equidad salarial en toda la administración pública
Sumado al pronunciamiento de UNED, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades públicas habían expresado que el informe es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales.