Opinión Una mirada general al flujo de la cocaína en Costa Rica

El mercado interno de las drogas afectó la dinámica de muchas comunidades al surgir un nuevo tipo de organización, local a pequeña escala: narcomenudeo


Por su ubicación geográfica, estratégica, sus filtrables fronteras y hasta la debilidad en sus propias políticas, Costa Rica se transformó en un importante centro de tránsito, particularmente de cocaína, proveniente de Colombia, directamente o a través de Ecuador o Panamá, hacia Nicaragua, el Triángulo Norte, México, Estados Unidos y Europa.

Esta droga no es la de mayor demanda en nuestro país, pero es de la que más se incauta. Mientras en 2011 se decomisaron casi 9 toneladas, un año después aumentó a 15.5; a casi 27 en 2014, 23 en 2016 y casi 28 toneladas en el 2017.

Para fines de setiembre de 2018, el Ministerio de Seguridad Pública reportaba, acumulada a esa fecha, el decomiso de 15 toneladas.

Recientemente, las exportaciones de piña han estado asociadas a ese tránsito. A finales de agosto, 67 kilos de cocaína fueron enviados desde aquí y descubiertos en España, utilizando un sistema relativamente complejo, donde fue vaciada cada una de las piñas, rellenadas con un cilindro de cocaína recubierto con cera para aislar los posibles olores y vuelta a “unir”.

En un caso independiente, fueron detenidos un colombiano y cinco costarricenses por la elaboración de tarimas de madera utilizadas en esas exportaciones, para su envío a Alemania y Holanda.

En términos de decomisos personales, en el último trimestre un estadounidense pretendía enviar, vía courier, a Denver, medio kilo de cocaína y, en Peñas Blancas, un hondureño fue detenido con 8 kilos adheridos a su cuerpo.

En el aeropuerto, la policía detectó con óvulos dentro de su cuerpo a un italiano con destino a su país de origen con lo equivalente a un tercio de kilo y a un venezolano con un poco más de un kilo. Un costarricense fue detenido por llevar 7 kilos envueltos en bolsas de plástico dentro de paquetes de café, con destino a Madrid.

Los decomisos terrestres también son relativamente usuales. En ese mismo período un camionero guatemalteco fue detenido con un cargamento de 256 kilos. Poco después un hondureño lo fue con 70 kilos.

En agosto, un grupo de 4 costarricenses y un ecuatoriano fueron detenidos en una lancha, con 1618 kilos, cerca de Playa Carate en la Península de Osa. Otra lancha fue detenida a 90 millas de Flamingo, en el Pacífico Norte, con 3 tripulantes de nacionalidad cubana, hondureña y ecuatoriana, con 407 kilos.

En setiembre pasado, el OIJ interceptó un contenedor en Moín, conducido por un costarricense, con 330 kilos camuflados en losas de cerámica, que había ingresado procedente del puerto de Turbo, en Antioquía, lo que nos lleva a los decomisos marítimos.

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En lo que llevamos de octubre, ya fueron decomisados 428 kilos, al sureste de Cabo Blanco, de una lancha rápida con un ecuatoriano y dos colombianos.

Además, fueron decomisados, a 106 kilómetros de la costa de Osa, 46 sacos equivalentes a 1375 kilos, adheridos a una boya con localización satelital, mismo sistema en el que también se decomisó poco después, 1 tonelada, pero a 55 millas de Golfito. En todo este proceso, en general, la cocaína sube y el dinero baja, en efectivo.

El influjo económico y financiero de este proceso se hace notar de varias maneras. Inicialmente el pago en especie de la droga trasegada internacionalmente creó condiciones para el desarrollo del mercado local. Las primeras referencias de su consumo en Costa Rica remiten a la década de los ochenta y hoy se estima que, aproximadamente 24.000 personas lo harían activamente, cerca de un 0.6% de la población entre los 12 y 70 años, aunque no exista certeza sobre ello ni sobre la frecuencia de su consumo.

El mercado interno de las drogas afectó la dinámica de muchas comunidades al surgir un nuevo tipo de organización, local, responsable de la distribución en territorios específicos, mediante ventas a pequeña escala o narcomenudeo. Con fuerte presencia en barrios fronterizos, porteños y urbanos marginales, conocidas como bandas o mini carteles, son organizaciones dirigidas por un líder que ejerce el control verticalmente, que posee los vínculos con los proveedores y del que dependen los pequeños vendedores. En muchas de esas organizaciones prevalecen los vínculos de origen familiar, participan menores de edad y, en algunas de ellas, prevalecen extranjeros.

Una de las consecuencias de ello fue la aparición de las luchas por territorio, droga o dinero, que han incrementado la violencia en esos círculos y facilitó incluso la aparición de un nuevo actor: el sicariato local.   Sin embargo, es posible que, dado el costo de la cocaína para el consumidor final, este mercado tienda estar hoy, al menos en sus etapas finales, exento de aquella peligrosidad siendo más un mercado de ingresos medios altos y altos, más bien de carácter exclusivo, de mayor confianza.

Al mismo tiempo, otro fenómeno pudiera estar ocurriendo en la actualidad. Dados el incremento de los riesgos para el intermediario en nuestro país, el intercambio de servicios por mercancía pudiera estar dando origen al cobro del servicio pero en efectivo directamente.

En cualquier caso, de toda la mercancía que transita por el país solo una pequeña parte se queda y el resto sigue su marcha. Se estima que el precio de un kilo aquí en Costa Rica puede oscilar entre los $6 y $8 mil, llegar a costar $10 mil en Nicaragua para terminar de alcanzar un poco más de $30 mil en Estados Unidos. Dado que el dinero debe retornar por la vía contraria, también son frecuentes los decomisos de efectivo.

Al final del proceso de la comercialización, tanto los flujos financieros que genera en su venta directa aquí, los que se introducen en su paso por nuestro país como aquellos otros provenientes del exterior originados en la misma actividad, son reintroducidos a la economía formal y legal, con propósitos productivos, financieros o meramente en bienes de consumo. Un estudio de 2011 estimaría que entre los años 2001 y 2010 en Costa Rica, ese flujo llegó aproximadamente a los $6.370 millones, un poco más de $600 millones anuales.

Finalmente, en ese flujo también interrelacionan otros actores, incluyendo autoridades policiales, que terminan participando activamente como apoyo y protección al traslado o resguardo de la mercancía, de la misma forma que se ha citado a jueces, funcionarios judiciales y hasta políticos, algunos de ellos condenados.

En la suma de todo lo anterior, una parte anónima de la sociedad costarricense ha terminado entretejida con el resto, casi casi transformándolo en cómplice, uno no sabe si pensar inocentemente o no, pero ciertamente coadyuvando a lo que hoy, sin duda alguna, forma parte las características de nuestro tiempo.


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Walter Farah /

Filósofo de la Universidad de Costa Rica

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