La Uccaep lanzó línea a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración y solicitó «que se incluya dentro de la Ley de Empleo Público a todos los funcionarios», sin excepciones.
por: Esteban Mata / 4 marzo, 2021
La Uccaep lanzó línea a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración y solicitó “que se incluya dentro de la Ley de Empleo Público a todos los funcionarios”, sin excepciones.
Esto como reacción a una moción que devolvió cierta autonomía funcional a las universidades públicas esta semana y que se suma a la salida de las municipalidades de la norma que se discute a golpe de tambor en la Asamblea, como parte de los compromisos que empeñó el Poder Ejecutivo para acceder a fondos del FMI.
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) la moción aprobada que introduce una excepción “solapada” para los funcionarios de las universidades públicas es contradictoria con respecto a la generalidad del salario global que habría de aprobarse para todos los servidores públicos”.
Según el grupo empresarial “se crea una especie de “subsistema” que les otorga a las autoridades universitarias condiciones para generar diferencias a su favor, excluyendo el planteamiento técnico del Servicio Civil”.
Es decir, con la moción aprobada se permitirá una odiosa desigualdad que en lo absoluto contribuye al espíritu de la ley que es ordenar el esquema laboral en el sector público.
La Unión de Cámaras había propuesto semanas atrás que el Ministerio de Planificación asumiría la rectoría del empleo público. Una medida que automáticamente pone en manos del poder político de turno la estabilidad laboral de miles de empleados.
“Para evitar posibles conflictos con la autonomía de las diferentes entidades, considera que la Dirección de Servicio Civil debe ser el órgano técnico especializado, que junto con el Mideplan y las áreas de recursos humanos o denominaciones homólogas de cada institución definan la política salarial, con el fin de evitar problemas jurídicos de fondo”, señaló la organización en un comunicado.
La Ley de Empleo Público se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, como una prioridad del gobierno de Carlos Alvarado sin embargo, tanto ha ido y venido en la discusión de más de 400 mociones que tiene el plan de ley, que ya empieza a enredarse, al tiempo que su potabilidad política se empieza a contaminar.
En este punto, los empresarios presionan directamente al exjefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, quien lidera el empuje del proyecto de ley a lo interno de la Asamblea.
“Como sector productivo manifestamos, además, nuestra seria preocupación ya que no se observa un liderazgo claro desde el Gobierno y la fracción del Partido Acción Ciudadana para que este proyecto se blinde y sea aprobado de la mejor forma en el Plenario”, apuntaron los empresarios.
Pero así como desvela a los empresarios, el plan de ley mantiene en ascuas y preocupados a los más de 350.000 funcionarios públicos que podría afectar, pues la penalización de las huelgas, sumado a la pandemia, han desinflado toda la presión social para balancear el proyecto de ley que de acuerdo con la agenda de Alvarado, debería estar votado y ser ley antes de junio.
“Recordemos, que el proyecto de Empleo Público será la carta de presentación ante el acuerdo técnico con el FMI y de no materializarse en una ley, se le enviaría una muy mala señal a los inversionistas y pone en riesgo el acuerdo con el Fondo comprometiendo el futuro del país”, apuntó la Uccaep con un tono prácticamente de ultimátum.