Desde el 2015 CIDH ordenó medidas a favor del indígena Sergio Rojas, el asesinato político que el Estado no supo evitar

Desde el 30 de abril del 2015, la CIDH solicitó a Costa Rica medidas cautelares en favor de las poblaciones indígenas ubicadas en Salitre, evidentemente, no fue suficiente


Cada uno de los 15 balazos que se dispararon para matar al líder indígena Sergio Rojas Ortiz pudieron haberse evitado si el Ministerio Público y la Fuerza Pública hubiesen aplicado medidas de protección a tiempo.

El Gobierno llegó tarde. El Estado de derecho no le cubrió la espalda. El día en que lo mataron, Rojas había salido de su casa temprano para interponer una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial por las amenazas que venía recibiendo.

Desde el 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Costa Rica medidas cautelares en favor de las poblaciones indígenas ubicadas en Salitre.

Sin embargo, esta revista consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública qué tipo de medidas se habían tomado para proteger a Rojas. Las preguntas, que n tuvieron respuesta más queel pésame del presidente, son las siguientes:

«Lo que no contestan

¿Hubo denuncias ante el MSP por amenazas previo a los hechos?

¿Se ofreció algún tipo de operación para reforzar la seguridad en la zona?

¿Desmiente el MSP las versiones que apuntan a que faltaron medidas de seguridad para evitar la escalada de violencia?

Pero en Seguridad Pública no hubo respuesta.

Un asesinato anunciado.

Apenas el viernes, la Defensoría había aconsejado a Rojas el denunciar ante las autoridades judiciales. La denuncia, recién puesta, ahora servirá de insumo para investigar su homicidio.

Rojas Ortiz, el líder indígena Bribri de Salitre, vivió al límite sus últimos meses, y pese a que nau rddn de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigía protegerle a él y a los demás líderes indígenas, la ayuda llegó muy tarde a Buenos Aires de Puntarenas.

Hoy, en el Consejo Autoridades Propias Defensores de la Madre Tierra, y en la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), el eco de los  balazos se mantiene en el aire, amenazante.

La muerte del dirigente indígena es un duro golpe en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, específicamente para los territorios de Salitre donde el denunciar la usurpación de tierras por parte de no indígenas, implica ahora una amenaza de muerte.

El desorden territorial no perdona este poblado, que pese a estar bajo la vigilancia del Gobierno, no ha podido desterrar las amenazas de quienes, paradójicamente quieren usurpar las tierras reservadas.

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Sin respuesta

Durante los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y en parte del presente, se han dado disturbios y encontronazos por la pelea de líderes indígenas que buscan respeto para las tierras que les quieren arrebatar.

Sin embargo, los grupos armados que operan en Salitre y que son ampliamente conocidos por la Fuerza Pública del lugar según fuentes directas, mantienen un estado de sitio, emplazando a los indígenas a irse.

La Defensoría aseguró que desde el año 2012 ha mediado en múltiples conflictos territoriales que se han presentado en el Territorio Indígena de Salitre, pero el Estado sigue sin cumplir los acuerdos que se han tomado.

“Yo entiendo el dolor y la indagación que sienten muchas personas y muchas organizaciones entorno a esta problemática, como Gobierno de la Republica en ese campo tanto de seguridad como los otros temas veníamos trabajando, veníamos haciendo los esfuerzos casualmente para resolver, pero entiendo que no habrá una evidencia de esos trabajos que venimos haciendo que pueda llevar consuelo a las personas que hoy lamentamos este hecho tan terrible para el país”, dijo Alvarado sobre el caso

 

El presidente se refirió a una “Comisión de Buenos Aires”, y dijo que es el único cantón de todo el país en el que instalaron una comisión de trabajo específica a través de un decreto que se firmó a inicios de año cuando hicieron la gira al sur del país.

“El viceministerio de Paz, como del viceministerio de Diálogo de la Presidencia, incluso desde el día de ayer había comunicación con el señor Rojas para los distintos procesos, incluso como parte de esto el viernes había un proceso para una reunión, veníamos trabajando de manera consistente los diferentes temas, no solo en la materia de seguridad como lo venían haciendo los protocolos sino de manera más integral”, argumentó en favor de las acciones del Gobierno.

Las posiciones del Gobierno sin embargo, no fueron de recibo. El FRENAPI responsabiliza totalmente al Gobierno de Carlos Alvarado de lo que le ha pasado a Sergio Rojas Ortiz, por eso exigen el esclarecimiento inmediato de este nuevo hecho violento en contra de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.

El Diputado José María Villalta del Frente Amplio, también responsabilizó al Gobierno de la República por no hacerse responsable y no proteger al líder indígena a pesar de las reiteradas amenazas. Afirmó que el asesinato de Sergio es con toda probabilidad un crimen político para callar su lucha por los derechos humanos.

“El Gobierno de la República es responsable porque, a pesar de las reiteradas amenazas, no lo protegió. Ayer mismo el ministro de seguridad, Michael Soto, hizo en la Asamblea comentarios que deslegitiman y menosprecian las luchas de los pueblos originarios. Exigimos una A ver, lo que no contestan:


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Esteban Mata /

Periodista, escritor y profesor de periodismo.

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