El diputado calificó la decisión como una «moda internacional», ya que se niega a aceptar opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre pasado, donde los jueces del órgano internacional aseveraron que el marco legal costarricense es discriminatorio en cuanto no permite casarse a las parejas homosexuales.
por: José Quirós / 9 agosto, 2018
El diputado de Restauración Nacional, Jonathan Prendas, lanzó anoche mismo los primeros dardos contra los magistrados de la Sala IV por la resolución a favor del matrimonio gay.
El diputado calificó la decisión como una «moda internacional», ya que se niega a aceptar opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre pasado, donde los jueces del órgano internacional aseveraron que el marco legal costarricense es discriminatorio en cuanto no permite casarse a las parejas homosexuales.
El evangelista dejó de lado la promoción de su agenda de reclamos contra el paquete de impuestos del Gobierno.
Prendas aseguró que los magistrados dieron un “golpe duro” a la familia, entendida como el núcleo formado por padre, madre e hijos, desconociendo otras variedades de familia.
La reacción del diputado, uno de los 14 con que cuenta el conservador y evangélico Partido Restauración Nacional, surgió una vez se hizo pública la decisión de la Sala IV de declarar inconstitucional el artículo del Código se Familia que limita el matrimonio a la relación de pareja entre hombre y mujer.
Los altos jueces le dieron al Congreso un plazo de 18 meses para reformar la ley costarricense conforme a los alcances de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En caso de no hacerlo dentro de ese periodo, automáticamente se deroga la prohibición al matrimonio igualitario.
Prendas, quien para nada quiere ese lugar en la historia y, posiblemente tampoco sus otros 13 compañeros de bancada, acusa a la Sala de extralimitarse en sus competencias, porque a su entender la definición de matrimonio entre hombre y mujer fue definido por el constituyente y solo éste podía modificarlo.
“Violenta el principio de separación de poderes al ordenarle a la Asamblea Legislativa, no solo cómo tiene que legislar arrogándose la soberanía del pueblo que la delegó en sus representantes electos, sino también fijándole un plazo arbitrario y desproporcionado”, reclamó.
No son las al menos nueve solicitudes de matrimonio gay que esperan en el Registro Civil, tampoco la multiplicidad de proyectos en esa dirección que no avanzaron durante años en el Congreso, la inquietud del congresista es la “arbitraria” decisión de los magistrados al establecer un plazo de 18 meses para resolver, y no en “24 o 36”.
El mismo diputado de una fracción que le rehúye a la aprobación de nuevos impuestos por el hueco que dejó el gobierno anterior de ¢600.000 millones , que condiciona su apoyo al plan fiscal siempre y cuando se excluya el cobro de tributos a alquileres de locales que se usen para cultos, ahora pone sobre el tapete el tema para juzgar la decisión del alto tribunal.
“Desconoce (la Sala) la realidad que enfrenta la Asamblea, enfrascada en una discusión muy compleja para buscar soluciones a la crisis fiscal más seria de nuestra historia. Poner a los diputados a discutir un tema que, ha quedado claro, genera gran división entre los partidos, en medio de la mayor crisis fiscal de nuestra historia, es una enorme irresponsabilidad política”, increpó.
Según dijo, “la sostenibilidad del Estado y la capacidad de dar contenido financiero para el cumplimiento de derechos están en juego”, sin embargo, no específica qué derechos están en juego, ¿los humanos? ¿los de un sector y otros no? ¿los derechos concebidos desde el nacimiento o por los que se deben luchar durante años?, eso queda a interpretación.
Agregó que “resulta muy imprudente, en este contexto, tirarle a la Asamblea la responsabilidad de regular una nueva figura legal tan compleja en un periodo de tiempo tan corto. Básicamente, la Sala demuestra que no le preocupa la situación por la que pasa el país”.
“El Poder Judicial no solo pretende quedar bien con un sector de la población en perjuicio de una gran mayoría de costarricenses que cree en el matrimonio tradicional, sino que también, con esta resolución, intenta desviar la atención de la crisis de legitimidad y credibilidad que atraviesa.
“Es el mismo Poder Judicial, el de un Magistrado destituido, el de dos Magistrados que renunciaron a sus puestos ante una investigación en su contra, que se acogieron a pensiones de lujo. El mismo Poder Judicial que mantiene a 2 Magistrados suspendidos en este momento, todo por el escándalo de corrupción más grande que ha enfrentado el país, el Cementazo, fraguado y ejecutado durante el Gobierno PAC”, de ese modo politizó el tema del matrimonio igualitario el legislador.
Prendas reiteró la oposición de Restauración Nacional para que en el país se instaure la figura del matrimonio igualitario, al tiempo que dio aviso de la lucha que desatarán en la Asamblea legislativa.