La tarde de este martes, ambos grupos: curas y diputados, movieron sus fichas para tratar de bloquear la norma técnica que permite aplicar los extremos del aborto impune en caso de peligro para la vida de la mujer, consagrado (vaya ironía verbal) en el artículo 121 del Código Penal.
por: Aarón Chinchilla / 17 diciembre, 2019
Mientras los diputados del bloque evangélico liderados por Jonathan Prendas acuden a la Sala IV, la iglesia Católica de Costa Rica amenaza con la mancha del pecado para los feligreses que apoyen la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico.
La tarde de este martes, ambos grupos: curas y diputados, movieron sus fichas para tratar de bloquear la norma técnica que permite aplicar los extremos del aborto impune en caso de peligro para la vida de la mujer, consagrado (vaya ironía verbal) en el artículo 121 del Código Penal.
Los curas también solicitaron que la norma, que es un decreto, se discuta en la Asamblea Legislativa (que aprueba leyes). Si bien, no tiene sentido jurídico su propuesta, no es de extrañar, justo hoy el Vaticano aclaró la normativa canónica respecto de la pornografía infantil, pues se consideraba que pornografía de menores de 18 años y mayores de 14, no lo era.
Aún así, el contrataque del bloque conservador no se hizo esperar, y todo apunta a que tanto antes de Navidad, como durante lo que queda de la campaña electoral por la Alcaldía de los 81 municipios del país en lisa, el tema se mantenga vigente.
«Un cristiano no puede ni siquiera participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley (es un decreto), ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación», reza, literalmente el comunicado de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre el tema.
Los curas costarricenses, llegaron al punto de señalar que los católicos que estén a favor de la norma no pueden recibir la eucaristía. Esto es prácticamente amenazar a los creyentes con el fuego eterno.
Sin embargo, la Iglesia costarricense no se pronunció de forma pública sobre la eliminación del secreto pontificio cuando se trate de casos de abuso sexual.
Esto implica que las iglesias evangélicas que apoyan denominaciones como Nueva República y Restauración Nacional se monten en el caballito del tremendismo religioso, y que deformen una norma técnica que ha esperado más de 38 años para ver la luz.
La desinformación y el radicalismo atentan contra la implementación de esta técnica, a pesar de que dicen defender la vida, en realidad, promueven la muerte tanto de la madre como del no nacido que ya, lamentablemente, por complicaciones médicas, no sobrevivirá.
Dicha norma técnica, que no depende de los diputados ni de Casa Presidencial, sino de un consejo de especialistas, se ha venido posponiendo durante años por criterios religiosos que no se apegan a las normas científicas que garanticen la vida de la madre en caso de que un bebé no tenga posibilidades de vivir.
En realidad, el irresponsable atraso se vio frenado luego que el Estado Costarricense fuese notificado el 5 de enero del 2015 de dos denuncias en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En mayo de ese mismo año, el Estado respondió que buscaría una solución amistosa, en función de darle contenido técnico a la norma que permitiría aplicar el procedimiento.
El Estado se comprometió a generar regulaciones concretas que den contenido a la figura del aborto impune, y la firma del decreto la semana anterior, parecía atender este tema.
Pero lejos de seguir adelante, los grupos religiosos buscan meterse de lleno en el ordenamiento jurídico y técnico relacionado con Salud, lo que ha supuesto réditos políticos para grupos ultraconservadores.