La propuesta de hecho fue congelada para su publicación, sin embargo, se filtró por el empuje de fuentes internas que recalcan las distancias que el proyecto de ley ha generado en una minoría de la agrupación oficialista. A continuación reproducimos el contenido del documento:
por: Esteban Mata / 15 abril, 2021
Un acuerdo de la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) señala una serie de excesos y vicios en el proyecto de ley de empleo público.
En un acuerdo tomado el pasado martes por el principal foro de discusión política del PAC, se planteó un llamado a abrir una discusión reposada, sin “apresuramientos” ni “oportunismos”, sin embargo, esta posición generó roncha en algunos sectores del oficialismo.
La propuesta de hecho fue congelada para su publicación, sin embargo, se filtró por el empuje de fuentes internas que recalcan las distancias que el proyecto de ley ha generado en una minoría de la agrupación oficialista.
A continuación reproducimos el contenido del documento:
Todo debate que apunte a transformar la gestión del empleo público en el país, debe tener como inspiración la necesidad y urgencia de mejorar los servicios que las instituciones públicas prestan a la población. Esta es la orientación con que a lo largo de sus dos décadas de historia, el PAC ha demandado una revisión profunda de los regímenes de empleo público. No obstante, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (No. 21.336), ha terminado respondiendo a otros intereses y agendas programáticas.
El debate sobre esta iniciativa tiene lugar en un ambiente político donde predomina la idea de que lo público es un lastre improductivo que debe ser alivianado a cualquier costa, sobre todo a expensas de las remuneraciones de las empleadas y empleados públicos. La decisión de enmarcar esta discusión dentro de las negociaciones del empréstito con el FMI, ha servido para desnaturalizar este necesario y urgente debate.
“El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (No. 21.336), ha terminado respondiendo a otros intereses y agendas programáticas”.
Existen al menos cinco aspectos del texto que deben ser revisados:
1. La norma que permitiría a servidoras y servidores públicos anteponer la objeción de conciencia para rehusar capacitaciones sobre a la observancia de derechos humanos en la gestión pública. Esta norma, además de inconstitucional, es un lamentable precedente contrario al avance de nuestro país en materia de derechos humanos.
2. Como ya lo manifestamos recientemente, este Proyecto de Ley violenta el principio constitucional de Autonomía Universitaria, uno de los pilares sobre los cuales descansa el modelo democrático de nuestro país. Sin pasar por alto la urgencia de que las comunidades universitarias revisen y corrijan abusos inaceptables en su modelo de remuneraciones, la defensa de esta garantía constitucional está muy por encima de las motivaciones presentadas por los defensores de este proyecto.
3. En igual sentido, esta iniciativa golpea la independencia del Poder Judicial y del régimen municipal frente al Poder Ejecutivo. Con la rectoría del empleo público en manos del MIDEPLAN, el Ejecutivo adquiere una peligrosa capacidad para interferir las condiciones de empleo en todo el sector público, politizando los mecanismos de selección del personal, los criterios de evaluación y la aplicación del régimen sancionatorio.
4. Mediante el artículo 43 del proyecto de ley, se impide la negociación colectiva de las personas trabajadoras, cuando las mejoras en las condiciones de trabajo negociadas impliquen erogaciones para el Estado. Nuestro Partido no ignora la necesidad de corregir los excesos cometidos en negociaciones pasadas, bajo gobiernos del bipartidismo tradicional. Sin embargo, eso no justifica vaciar de contenido y limitar desproporcionadamente el ejercicio real de un derecho constitucional que debe servir para llevar cada vez, mayor justicia a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos.
5. Lejos del discurso que justifica esta iniciativa de ley para alcanzar la equidad entre las remuneraciones de unos y otros trabajadores y trabajadoras públicas, la aplicación del salario global únicamente a los funcionarios de nuevo ingreso, deja a cerca de 29.000 funcionarios y funcionarias en condición de desigualdad durante años, al mantenerlos con un menor salario según las reglas del actual salario compuesto, hasta alcanzar el monto del salario global. Además de representar una contradicción con el principio constitucional que garantiza igual salario por igual trabajo, esta inequidad confirma que, en esta versión del proyecto, las únicas transformaciones posibles en el balance de las remuneraciones, son aquellas que afectan a las personas trabajadoras del sector público.
Por todo lo anterior, lo que hoy corresponde es abrir un diálogo social que saque el debate de los oportunismos y apresuramientos que han desnaturalizado esta iniciativa. La eventual aprobación del proyecto de Ley de Empleo Público, en su formulación actual, sería un tropiezo lamentable y un daño a nuestro modelo democrático que no debemos permitirnos.
Comisión Política
Juventudes PAC Comisión de la Mujer
Comisión de Estudios y Programas
Comisión de Capacitación
Partido Acción Ciudadana