El dinero había sido decomisado durante un allanamiento que dirigió la fiscala general de la República, Emilia Navas, cuando Guevara todavía era diputado del Movimiento Libertario y gozaba de inmunidad
por: Esteban Mata / 23 mayo, 2019
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del II Circuito Judicial de San José, ordenó la pérdida inmediata de los más de ¢40 millones que habían aparecido en una caja fuerte en un bufette relacionado con Otto Guevara en San Pedro de Montes de Oca el 23 de marzo pasado.
El dinero había sido decomisado durante un allanamiento que dirigió la fiscala general de la República, Emilia Navas, cuando Guevara todavía era diputado del Movimiento Libertario y gozaba de inmunidad, acotó la oficina de prensa del Ministerio Público en un comunicado.
El allanamiento se había dado luego que la Contraloría General de la República hallara inconsistencias en la declaración jurada de Guevara como diputado, por lo que denunció ante el Ministerio Público.
Se intentó conocer la posición del exdiputado, quien afirmó que devolvería la llamada. En abril pasado, el portal CRHoy, había señalado que el abogado de Guevara, Federico Campos, había solicitado desestimar la causa, pues no había prueba de un hecho delictivo del político para tener el dinero.
En total, la Fiscalía decomisó ¢39.410.000,00 y $4.900, todo en efectivo, que fueron hallados en una caja fuerte en la oficina del exdiputado y excandidato presidencial en el bufette Grupo Jurídico Especializado (GJE).
Luego del proceso, el Juzgado consideró que no se dio una explicación satisfactoria sobre su procedencia.
El fallo se dio luego de un proceso llevado a cabo por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitalestado contra Otto Guevara y a favor del Estado Costarricense.
El proceso se llevó a cabo bajo la causa penal 18-000040-0033-PE, por el presunto delito de falsedad en la declaración jurada.
El dinero se encontraba en una caja fuerte ubicada en la planta baja del edificio, en el espacio físico asignado a Guevara. Al no existir, al momento de la diligencia, una justificación lícita para la tenencia del dinero, eso motivó el inmediato decomiso y la apertura de la causa penal por el delito de legitimación de capitales.
La Fiscalía solicitó al mencionado juzgado que se declarara la pérdida definitiva del capital y que se asignara al Estado, concretamente al Instituto Costarricense sobre Drogas.
De acuerdo con la Fiscalía, tras la investigación y el análisis del caso, “se llega a la convicción que existe base suficiente para formular una hipótesis en el sentido que el dinero bajo examen carece de causa lícita que justifique su tenencia”.
“Capitales emergentes es una figura que permite la Ley costarricense, mediante la cual, si el titular de los bienes o valores no logra justificar o demostrar la procedencia lícita, corresponde, previo un debido proceso jurisdiccional, la declaratoria de pérdida de los mismos a favor del Estado”, señaló el Ministerio Público mediante su oficina de prensa.
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