“No podemos permitir que se sigan perdiendo vidas humanas. El asesinato de Jerhy debe ser esclarecido y atendido con toda urgencia. Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de los pueblos indígenas, involucrando y concienciando a toda la sociedad costarricense”, manifestó la coordinadora de la ONU, Alice Shackelfold.
por: Aarón Chinchilla / 25 febrero, 2020
El Sistema de las Naciones Unidas condenó el asesinato del líder indígena Brörán, Jerhy Rivera y demandó acciones inmediatas del Estado costarricense para frenar la violencia contra los pueblos autóctonos.
Mediante un comunicado de prensa, la ONU urgió al país a encontrar soluciones prontas al problema de ocupación y usurpación de tierras en los territorios indígenas, además de garantizar el derecho de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos.
“Las normas internacionales y la legislación nacional son muy claras al disponer que estos territorios son para uso exclusivo de los pueblos indígenas. Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos”, señaló Alice Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica.
Además de la consternación por el asesinato de Rivera, el ente internacional expresó preocupación ante la falta de esclarecimiento y sanciones por el homicidio del líderes indígenas como Sergio Rojas y Minor Ortíz.
“No podemos permitir que se sigan perdiendo vidas humanas. El asesinato de Jerhy debe ser esclarecido y atendido con toda urgencia. Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de los pueblos indígenas, involucrando y concienciando a toda la sociedad costarricense”, manifestó la coordinadora de la ONU.
Finalmente, Shackelfold instó al Estado costarricense a que impulse «las acciones necesarias para poner fin a toda forma de violencia contra los pueblos indígenas, investigar este crimen cuanto antes y llevar ante el sistema de justicia a las personas responsables».
(Hay que) promover las medidas necesarias en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas para erradicar cualquier forma de discriminación contra los pueblos indígenas y garantizar su derecho a la posesión de sus tierras.
El pronunciamiento se da posterior a que la Defensoría de los Habitantes elevara un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se refería sobre la situación que se vive en los territorio indígenas y manifestaba que las acciones, atención y espacios generados por el Gobierno no han sido eficaces ni han generado resultados concretos en beneficio de los pueblos indígenas.
Igualmente, considera que el Estado no ha acatado la medida cautelar MC-321-12 que obliga a garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre… Hecho que no transcurrió con Rivera, ni con Minor Ortíz, Sergio Rojas… y otros que han quedado en el anonimato.
«(…) han tenido una muy lenta implementación, es una medida general para todos los territorios, sin que se haya establecido una priorización de los territorios beneficiados de la medida para detener las situaciones de violencia Anoche se agravó la situación con el asesinato del dirigente indígena Rivera, durante un proceso de recuperación de tierras quien, al igual que Sergio Rojas Ortiz, formó parte de la Mesa de Diálogo del Sur entre dirigentes indígenas y autoridades gubernamentales. La cara visible del Estado en esas zonas sigue siendo la Fuerza Pública quienes con limitados recursos realiza lo que está a su alcance desde esas condiciones, pero no son acciones suficientes.
De nunca acabar:
Durante los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y en parte del presente, se han dado disturbios y encontronazos por la pelea de líderes indígenas que buscan respeto para las tierras que les quieren arrebatar.
Sin embargo, los grupos armados que operan en Salitre y que son ampliamente conocidos por la Fuerza Pública del lugar según fuentes directas, se mantienen un estado de sitio, emplazando a los indígenas a irse.
Las acciones y los lamentos se quedan cortos: el anuncio del Gobierno para fortalecer su Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) en la zona de Buenos Aires de Puntarenas se ha generado casi por causa-efecto y no ha logrado frenar los asesinatos.
Ni la devolución de tierras, ni los procedimientos legales ni los planes de prevención de la violencia han detenido los enfrentamientos, las ansias de poder de los colonos ni el abandono que sufren los pueblos autóctonos.