El radicalismo de algunos de quienes se hacen llamar ‘provida’ atenta contra la implementación de esta técnica, pese a que con ello se promueve la posible muerte de la madre
Por: Esteban Mata
La posibilidad de que durante el próximo trimestre (o antes según algunas fuentes), el presidente de la República, Carlos Alvarado, firme la norma de aborto terapéutico, abre de nuevo un debate ideológico sobre un asunto que es meramente técnico.
Para empezar, el aborto terapéutico es una decisión clínica, técnica, en función de preservar la vida de la madre ante el riesgo de muerte.
A diferencia del aborto por decisión, el aborto terapéutico se aplica a partir de una situación extrema, de vida o muerte.
El Código Penal de Costa Rica establece el aborto terapéutico, en su artículo 121, y aparece bajo la denominación de «aborto impune».
La norma técnica que tiene pendiente de firma el Poder Ejecutivo no es una autorización, sino un protocolo, desarrollado por una Comisión Institucional del Ministerio de Salud, que permite guiar a los médicos y arrojar claridad sobre las situaciones en las que debe aplicarse en función de la vida de la madre, cuando ya no hay posibilidad de salvar la vida del no nacido.
No es algo nuevo, producto de sueños liberales, ni una discusión propia de un lobby de una política en contra de la muerte, como lo han querido vender algunos sectores extremistas y radicales religiosos.
Historia vieja
De hecho, el artículo 121 del Código Penal que lo permite, está vigente desde 1971 en Costa Rica.
«No se ha planteado crear nueva legislación en la materia, sino procurar el cumplimiento de la legislación existente. Sin esta norma, el Estado costarricense está infringiendo los compromisos internacionales que ha asumido para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres, como por ejemplo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)», señala el Instituto Nacional de la Mujer en información de acceso público en su página web.
La desinformación y el radicalismo atentan contra la implementación de esta técnica, a pesar de que dicen defender la vida, en realidad, promueven la muerte tanto de la madre como del no nacido que ya, lamentablemente, por complicaciones médicas, no sobrevivirá.
Dicha norma técnica, que no depende de los diputados ni de Casa Presidencial, sino de un consejo de especialistas, se ha venido posponiendo durante años por criterios religiosos que no se apegan a las normas científicas que garanticen la vida de la madre en caso de que un bebé no tenga posibilidades de vivir.
En realidad, el irresponsable atraso se vio frenado luego que el Estado Costarricense fuese notificado el 5 de enero del 2015 de dos denuncias en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En mayo de ese mismo año, el Estado respondió que buscaría una solución amistosa, en función de darle contenido técnico a la norma que permitiría aplicar el procedimiento.
El Estado se comprometió a generar regulaciones concretas que den contenido a la figura del aborto impune, es decir, esta decisión no responde a una agenda oscura ni nada que se le parezca. El problema es que el mito y la ficción, suelen formar parte de nuestra realidad.
Estas suposiciones han sido alimentadas por discursos conservadores que dicen defender la vida, a pesar de que dicha defensa de la vida de quien no sobrevivirá, expone a la muerte a la madre que ya de todas formas sufre el dolor de perder a su hijo.
En 2015, el Estado conformó una comisión interinstitucional para preparar la norma técnica. Esta es su conformación de acuerdo con la página web del Ministerio de Salud:
Una polémica innecesaria
La polémica por el solo término, se acrecentó en los últimos dos años y medio, desde que en 2016, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, se ventilara la posibilidad de dar fin a la discusión.
En octubre del 2018, el Comité de Bioética del Colegio de Médicos, hizo un llamado a permitir la aplicación del aborto impune.
Sin embargo, la posición religiosa del ahora exministro de la Presidencia, pesó en el retraso de la norma (algo así como que estuviese en contra de la discusión legislativa de la educación dual).
De hecho, una moción aprobada por 27 diputados que pretende frenar la firma de la norma técnica para implementar el aborto terapéutico no tiene fuerza de ley por lo que Casa Presidencial puede seguir con el proceso, sin embargo, la presión política generada por el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, boicotea el intento de regular una norma vigente desde hace más de 38 años.
Diputados evangélicos como los de Restauración Nacional y los afines a Fabricio Alvarado, incluyendo a la médica Xiomara Rodríguez, se oponen a la aplicación de la norma basados en principios alejados de la ciencia y los principios de respeto a la vida de la mujer.
La tarde de este martes, la diputada coordinadora de dicho bloque legislativo y religioso, Carmen CHan, encabezó una protesta basada en el discurso emocional.
«El útero de una mujer es un lugar de vida, no de muerte. El debate hoy, en el seno de nuestro Congreso, del Gobierno y de la sociedad debería ser cómo acompañar a la mujer y dar todas las herramientas económicas, médicas, psicológicas para que esa mujer se salve junto al bebé y se reincorpore socialmente, en cambio estamos hablando de aborto», dijo Chan.
Eso, en resumen, es lo que ha pasado con el tema, y ahora, con la salida de Rodolfo Piza del Ministerio de la Presidencia, todo apunta a que finalmente, podría darse la firma pronto, por ello, tanto quienes la promueven como quienes la adversan, saltan ahora a generar sus presiones a favor y en contra.