Mélida Solís enfrentará juicio por corrupción que se venía tramitando antes de Cochinilla


El Tribunal Penal de Hacienda fijó para agosto una audiencia preliminar para juicio contra la empresaria Mélida Solís y cuatro funcionarios del Conavi por el pago ilegal de casi ₡1.000 millones de fondos públicos durante el periodo de vacaciones de Navidad del año 2011, mucho antes del escándalo Cochinilla.


por: Esteban Mata / 15 julio, 2021

El Tribunal Penal de Hacienda fijó para agosto una audiencia preliminar para juicio contra la empresaria Mélida Solís y cuatro funcionarios del Conavi por el pago ilegal de casi ₡1.000 millones de fondos públicos durante el periodo de vacaciones de Navidad del año 2011, mucho antes del escándalo Cochinilla.

Este proceso, que empieza a reventar hasta ahora (casi diez años después de que se dieron los hechos), pone en evidencia las supuestas malas mañas entre H Solís y el Conavi, informó este jueves el Semanario Universidad.

El rotativo dio a conocer que la audiencia contra Solís y los empleados del Conavi se realizará los días 16, 17 y 18 de agosto. La diferencia con este caso, es que no se filtró el expediente, como sí sucedió con Cochinilla, por lo que, por ahora, quizá la publicación de detalles de la investigación, no afecten el proceso.

Lo cierto del caso es que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción también acusó a Carlos Solís, exgerente financiero del Conavi, por esta causa.

Y aunque a las audiencias nos encanta el morbo del detalle de las escuchas y seguimientos, por ahora, eso no pasará con este caso en el que se acusa a la empresaria y cabeza de H Solís por armar “un plan delictivo” que habría permitido un pago ilegal por ₡956,6 millones para la constructora.

En la causa también figuran el entonces gerente de Conservación de Vías y Puentes, Marco Rojas Jenkins, y la analista presupuestaria Ana Ivette Campos Cerdas, además de la jefa de ejecución presupuestaria, Málaky Mary de Fátima Aiza, agregó el rotativo.

Estos funcionarios habían sido ya señalados en un informe de la Contraloría General de la República en 2015.

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