Es completamente falso que seamos unos neoliberales desalmados que pretenden enterrar a las universidades públicas, quienes así vociferan, padecen de abulia intelectual y conciencia cívica. Son unos trasnochados y trasnochadas aferrados a doctrinas que no explican más que su incurable resentimiento social.
por: Aarón Chinchilla / 23 junio, 2020
* Por Wagner Jiménez Zúñiga
En primer momento quiero hacer una referencia al papel de la prensa en el proceso de análisis de la gestión del FEES. Los profesionales de la comunicación que dieron cobertura a lo actuado en la comisión especial FEES merecen reconocimiento.
Sin su labor responsable e incisiva, el país no se hubiera enterado de nuestro trabajo y de la amenaza que se cierne sobre el sostenimiento del FEES. Su labor no solo fue responsable si no también valiente, muy valiente.
Todos aquí sabemos de las presiones que desde las universidades se ejerce a través de campos pagados, llamadas, injerencias y otras formas de intimidación. A pesar de ello, comunicadores, diputados y medios de comunicación dieron cuenta al país de los abusos y mala administración del FEES.
El país sabe hoy el gran riesgo que corren las universidades públicas debido al abuso que ha existido por años en pensiones, salarios y otros privilegios que una pequeña élite académica disfruta, a costa de la sobrevivencia de estas instituciones tan queridas e importantes para Costa Rica.
Proteger a las universidades no puede estar condicionado por campañas a rectorías o elecciones nacionales. Se necesita valor para decir lo que se debe hacer.
Una mayoría de diputados y diputadas en este plenario son conscientes de la necesidad de provocar cambios sustantivos en la forma en que se gasta el FEES, el país necesita de nuestro audacia y caracter para enfrentar lo que se debe hacer por sobre lo que conviene electoralmente. Se trata del futuro de la nación, se trata de fortalecer el derecho a la educación de los jóvenes de hoy y de mañana.
No hacer señalamientos críticos y duros cuando corresponda no es beneficiar a las universidades, es irresponsabilidad.
Es completamente falso que seamos unos neoliberales desalmados que pretenden enterrar a las universidades públicas, quienes así vociferan, padecen de abulia intelectual y conciencia cívica.
Son unos trasnochados y trasnochadas aferrados a doctrinas que no explican más que su incurable resentimiento social.
Si hoy no corregimos que lo está mal, ¿cuando? ¿Cuántos jóvenes han dejado de cumplir sus sueños de formación profesional debido a la falta de presupuesto? Presupuesto que por cierto, se destina en un alto porcentaje a pagar salarios y pensiones millonarias.
Hay un grupo selecto de costarricenses que se forjaron una vida privilegiada y cómoda a costa de los costarricenses, esta desigualdad debe acabar. Debe acabar no solo porque condena a jóvenes a no poder estudiar, sino, porque también amenaza al régimen de pensiones. Si alguno aún tiene duda de esto último que señalo, escuchen lo siguiente: “1 de cada 2 pensionados de lujo proviene de las universidades públicas.
Casi 3.800 personas gozan de una pensión superior a los ¢2,5 millones mensuales sin haber cotizado lo suficiente para ello, lo que obliga a los contribuyentes a pagar la diferencia mediante el pago de impuestos. Algunos tienen jubilaciones hasta de ¢12 millones.”
Escuché que algunos catedráticos y exrectores han estado llamando a diputados en estos días para intentar influir en contra de este informe, no me extraña, no me extraña luego de conocer este dato, escuchen: “En las U públicas, la pensión promedio es de ¢3,4 millones y, en la UCR, de ¢4,1 millones. Tras las deducciones, tales montos pasan a ¢2,7 millones y ¢2,9 millones, respectivamente.” Estos datos los reveló La Nación.
Sendas publicaciones han emanado de las universidades defendiendo su labor. Nadie puede negar lo positivo ni su enorme aporte. Lo que se echa de menos es la capacidad de autocrítica y la voluntad de generar cambios históricos. Revisen por favor compañeros, la forma en que se eligen las autoridades en la UCR por ejemplo, y discutamos si hay democracia real y efectiva en esos procesos.
No solo la Contraloría General de la República (CGR), no solo el Ministerio de Hacienda señalaron con base científica el riesgo que corren las universidades si no se llevan a cabo cambios pronto, fueron los mismos rectores que ante el esfuerzo de la Comisión Especial FEES, reconocieron públicamente la existencia de estudios actuariales que demuestran el daño que hace la actual política salarial a la sostenibilidad del FEES.
¿Es esta la Costa Rica que queremos? Hemos callado, se ha callado por mucho tiempo, pero las fuentes de desigualdad social las conocemos, y está en nosotros remediarlas si de verdad queremos un país dónde prevalezca la justica social.
* Diputado de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN).
*La opinión expresada en este espacio no necesariamente representa la línea editorial de PULSOCR, sino exclusivamente responsabilidad de su autor.