El 69% de las tarjetas del país, tienen tasas de interés financiero anual por encima del 40%, según el MEIC, y el promedio de interés general, es del 37%, de acuerdo con el economista Daniel Suchar
por: Esteban Mata / 28 noviembre, 2019
Con un tono casi de alerta nacional y con datos emitidos por ellos mismos, la Asociación Bancaria Costarricense lanzó una campaña mediática y de publicidad que se suma al fuerte lobby en el Congreso para tratar de detener el proyecto de ley que promueve un tope a las tasas de interés en tarjetas de crédito.
Bajo el mensaje de «¿Qué haría usted si hoy le cerraran su tarjeta de crédito?», la campaña advierte que poner un límite a los intereses en tarjetas por encima del 30% dejaría a miles de personas sin acceso a ese instrumento financiero, con tal de frenar el proyecto de ley 20861.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, al 31 de enero 2019 en el país operan 30 emisores de tarjetas de crédito que incluyen entidades de la banca privada, banca pública, cooperativas y empresas privadas, cuyas tasas de interés llegan incluso al 49,9%.
El problema es que el 69% de las tarjetas del país, tienen tasas de interés financiero anual por encima del 40%, según el MEIC, y el promedio de interés general, es del 37%, de acuerdo con el economista Daniel Suchar.
«Es importante señalar que el 69,1% de los tipos de tarjetas, es decir, 181 tipos de tarjetas mencionados, cobran una tasa anual que oscila entre el 40,0% y 49,9%», dice el MEIC, pero esos números son aún peores cuando se revisa el interés financiero anual en colones, aquí el cuadro oficial:
El diputado Welmer Ramos, junto a 31 legisladores más, promueven un plan de ley para poner un tope a las tasas de interés y en contra de la usura.
Ramos afirma que el proyecto pretende poner fin a la «esclavitud financiera» que vive la ciudadanía, y que se mejore la calidad de vida de los deudores.
«Se evita el sobre endeudamiento, que está haciendo que muchas familias por un crédito que contrataron una vez en la vida, deban pagar intereses por el resto de sus días. Esto es lo que se llama esclavitud financiera», afirma Ramos.
Este tema, claramente, le causa urticaria a los bancos miembros de la ABC.
La usura y esos «errores» legislativos
De hecho, recordemos que la usura es penada en Costa Rica, y es considerada delito desde 1971, pero por uno de esos raros errores legislativos (¿?), no se determinó un monto o un porcentaje que defina qué es usura y qué no.
El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, dio a conocer en octubre que la deuda de los hogares en Costa Rica es el principal freno para la reactivación económica, la cual no despega debido a la contracción del consumo y de la inversión a pesar de la reiterada rebaja en las tasas de interés que ha realizado el Banco Central.
Pero desde los bancos, el discurso se centra en que un límite a las tasas de interés generaría exclusión en el acceso a tarjetas, y movería a las personas hacia mercados informales con intereses más altos.
Sin embargo, los banqueros, fieles a su estilo (nunca perder) alertan sobre los riesgos que proyectos de ley como el del diputado Ramos.
De hecho, esta narrativa banquera caló de alguna forma en el presidente Carlos Alvarado, quien considera que el proyecto debe llevarse a «un punto de equilibrio».
Aún así, el proyecto avanza, mientras tanto, el sistema de cobro judicial de los bancos, corre más de 800.000 cobros, judicializando los procesos bancarios y evitando que más de 1,5 millones de personas queden fuera del acceso a créditos bancarios, muchos de ellos, manchados en entidades como SUGEF, e imposibilitados de acceder a carteras crediticias.
«Prohibir la usura es un asunto de derechos humanos. Así lo dice claramente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero los usureros y sus defensores quieren atemorizar a la gente y hacernos creer que los más pobres tienen que aguantarse la usura», dijo por su parte el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
«Dan números para asustar a la gente, sin sustentar ninguno de sus datos porque para justificarlos tendrían que hacer públicas las estructuras de costos, pérdidas y ganancia neta de todas las instituciones financieras por cada línea de crédito. ¿Lo harán público? ¿O solo quieren meter miedo sin probar nada?», agregó.
El diputado David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN) afirmó en el plenario que «a todas luces la campaña que realiza el sector financiero del país es fuerte y se destaca en el lobby dentro de la Asamblea Legislativa».
En tanto, los banqueros ponen como uno de sus voceros al economista venezolano Daniel Suchar, quien defiende la diferenciación en los créditos, y que los cobros judiciales en Costa Rica duran muchos años.