Jornadas 4×3: ¿flexibilidad laboral o explotación laboral?

Las diputadas y diputados no deben ceder ante las presiones de las cámaras empresariales, por lo que deben rechazar este proyecto o modificarlo sustancialmente, de tal manera que se tome en cuenta las condiciones de explotación vivencian miles de personas trabajadoras y se les reconozca como actores válidos en la toma de decisiones sobre sus jornadas de trabajo.


* Por Rodrigo Ovares

Un grupo de diputados y diputadas del Partido Liberación Nacional presentaron un proyecto de ley a finales de 2018, para que en el país sean permitidas y reguladas jornadas de trabajo excepcionales (Exp. 21182).

La propuesta busca reformar los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo. El Primero de junio de este año el proyecto de ley entró al orden del día para debate en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En términos generales, los proponentes han argumentado que el país debe cambiar su legislación laboral, de tal modo que se adecue a las transformaciones existentes en el mundo global, las cuales apuntan a una mayor flexibilidad laboral.

De esto modo, con la implementación de jornadas “flexibles” se puede mejorar la competitividad y productividad de las empresas ubicadas en el país.

El proyecto de ley incluye dos nuevos tipos de jornadas: una de 12 horas diarias, efectuada en cuatro días, con tres días de descanso, así como una denominada anualizada, la cual “permitirá computar la jornada de manera anualizada, siempre respetando el límite de cuarenta y ocho horas semanales y con un límite mínimo de seis horas.

Esta modalidad permitirá que en las épocas de mayor trabajo la jornada ordinaria sea de hasta diez horas diarias y, en las de menor requerimiento, el trabajo no exceda las seis horas”.

Ya diversos actores han manifestado su posición: a favor de ella, las cámaras empresariales, y en contra, varios sindicatos del sector público y la Ministra de la Condición de la Mujer Patricia Mora.

Se puede decir que el proyecto podría tener algunos alcances positivos, sin embargo, también trae consigo una serie de cambios que pueden resultar muy riesgosos, sino se toma en cuenta una serie de factores tales como el elevado incumplimiento de derechos laborales existente en el país y las escasas herramientas organizativas de la clase trabajadora.

Probablemente el único aspecto rescatable sea que permite la regulación de una serie de jornadas que, en principio, sin ser ilegales, existen en la práctica, pero que, ante la ausencia de regulación, podrían prestarse para el incumplimiento de determinados derechos.

Sobre los aspectos negativos, ya varias organizaciones sindicales han señalado atinadamente sobre sus peligros, por lo que en el presente artículo se pretende ampliar sobre aspectos no abarcados en estas intervenciones. En primer lugar, se presenta una discusión sobre las problemáticas actuales en torno a la jornada laboral.

Actualmente, el Código de Trabajo establece jornadas ordinarias diurnas de 8 horas y nocturnas de 6 horas, así como un conjunto de jornadas que solo podrán aplicar para trabajos que no impliquen condiciones insalubres o peligrosas, a saber: a) jornada diurna de hasta 10 horas diarias b) jornada mixta de hasta ocho horas (estas dos no podrán exceder las 48 horas semanales). Asimismo, la legislación ha estipulado la posibilidad de una jornada extraordinaria que, sumada con la ordinaria, no podrá exceder las 12 horas.

Pese a estas regulaciones, los datos existentes indican que en el país existe un grupo importante de personas asalariadas que laboran normalmente más de 48 horas semanales.

Según la Encuesta Continua de Empleo, al primer trimestre del 2020, cerca de 400.000 personas trabajan más de 48 horas por semana, lo cual representa un 24,7% del total de la población asalariada.

Lo anterior llama la atención, pues la jurisprudencia en materia laboral ha determinado que la jornada extraordinaria tiene un carácter excepcional. Sin embargo, los datos dicen lo contrario, pues una parte importante de estos trabajadores podría estar frente a jornadas extraordinarias de facto, sistemáticas, lo cual atenta contra los límites legales establecidos y contra la integridad de la persona trabajadora.

Dado lo anterior ¿cuál sería el meollo con el proyecto de ley? Si admite la posibilidad de ampliar las jornadas hasta el límite de 12 horas, se abre el portillo para que empresas inescrupulosas –que actualmente están implementando jornadas ilegales- permitan jornadas de 14, 16 o hasta más horas diarias, aún bajo el supuesto que garanticen los tres días de descanso.

En los últimos años, se ha dado a conocer la existencia de jornadas excesivas en sectores como el transporte, las plantaciones agrícolas, la construcción o la seguridad privada, por mencionar algunos, que demuestran que este tipo de jornadas cada vez son más frecuentes.

Como objeción a esta crítica, los defensores del proyecto podrían argumentar que esto no es un problema de la propuesta, sino de inspección laboral.

Lo cierto es que, en tal caso, el mismo proyecto debiera contemplar estas realidades, dotando, por ejemplo, de mayores herramientas al MTSS para hacer cumplir con la legislación o para implementar sanciones lo suficientemente disuasorias para evitar este tipo de prácticas.

Sin embargo, el problema no termina ahí…

Una propuesta de ley muy similar presentada en el año 2011 por diputados del Movimiento Libertario (Exp. 18081) prohibía la aplicación de jornadas extraordinarias a quienes laboraran bajo este nuevo esquema, sin embargo, la actual propuesta de la banca liberacionista ¡incorpora la posibilidad de realizar horas extra! Parece que la bancada verdiblanca no se diferencia demasiado de la ex bancada libertaria si de expoliar al trabajo se trata.

En el artículo 136 de la propuesta se admitiría esta posibilidad, pue se indica que pueden llevarse a cabo en los días libres… Sí, en los días que habían sido consagrados como tal, con excepción del día semanal de descanso.

Hasta este punto ha quedado en evidencia que el proyecto de ley, no solo no contempla la existencia de prácticas abusivas que podrían sacar provecho de la ampliación de las jornadas y de la posibilidad de realizar horas extra, sino que incluso permite que los días libres –tan defendidos y bien valorados por los promotores del proyecto- puedan ser utilizados para la realización de jornada extraordinaria e incluso el proyecto es omiso, al no indicar cuál sería la cantidad límite de horas extras que podrían realizarse bajo esta modalidad.

Otro aspecto que debe contemplarse es que el proyecto no contempla mecanismos de negociación entre trabajadores y patronos.

Únicamente se indica de manera tenue en el artículo 145 que la jornada no puede ser impuesta unilateralmente, sino que debe ser consentida. Sin embargo ¿cómo podrán ‘consentir’ aquellos que tienen que decidir entre esa nueva jornada o el desempleo?

Previendo este tipo de situaciones desiguales, en países como Chile –miembro de la OCDE y aclamado por los liberales- este tipo de jornadas especiales solo pueden ser implementadas en empresas donde haya una afiliación sindical mayor al 30% (Ley 20940, art. 374). Si bien es sabido que Costa Rica existen pocos sindicatos en el sector privado, se puede promover que este tipo de jornadas solo sean aprobadas bajo acuerdo colectivo o con la mediación del Ministerio de Trabajo, yendo más allá del mero consentimiento.

Un último punto que debe tocarse es lo relacionado a la supuesta relación entre este tipo de jornadas y una mayor productividad y estado de ánimo de la persona empleada. En una entrevista brindada al Semanario Universidad, Laura Bonilla, presidenta de CADEXCO, cita un estudio de la Universidad de Warwick (Reino Unido) en el cual se demuestran las supuestas bondades de la jornada en cuestión.

Empero, un artículo reciente de dicha casa de estudios (The four-day working week isn’t as flexible as it seems), se cuestionan los alcances de esta propuesta, pues parece no estar acoplándose a las diversas necesidades de las personas trabajadoras, por lo que el articulista afirma que “hay ciertamente buenas razones para oponerse a la jornada de cuatro días”.

En pocas palabras, esta no representa necesariamente una mayor flexibilidad para el sector trabajador, por lo que probablemente la retórica de la flexibilidad de la jornada 4×3 sea tan solo un anzuelo para convencer a las personas jóvenes o con responsabilidades familiares.

Como conclusión, el proyecto de ley, tal y como está planteado actualmente, representa una gran amenaza para el bienestar de la población trabajadora, en la medida que no contempla las prácticas abusivas en materia de jornada laboral que prevalecen hoy en día en diversos sectores.

Asimismo, excluye toda posibilidad de mecanismos de negociación colectiva, lo cual es profundamente antidemocrático y deja a su suerte a miles de personas trabajadoras. Incluso, no hay suficientes evidencias que constaten los eventuales efectos positivos sobre la productividad y satisfacción de la persona empleada.

Las diputadas y diputados no deben ceder ante las presiones de las cámaras empresariales, por lo que deben rechazar este proyecto o modificarlo sustancialmente, de tal manera que se tome en cuenta las condiciones de explotación vivencian miles de personas trabajadoras y se les reconozca como actores válidos en la toma de decisiones sobre sus jornadas de trabajo.

De la Asamblea Legislativa dependerá ahora que este país se transforme o no en una dictadura patronal.


*Trabajador Social, Universidad de Costa Rica (UCR).

*La opinión expresada en este espacio no necesariamente representa la línea editorial de PULSOCR, sino exclusivamente responsabilidad de su autor. 


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