Interventores buscan amarrar gerencias antes de dejar el Infocoop

La propuesta se presenta en medio de la polémica por las denuncias de parte de miembros del movimiento cooperativo, frente a las denuncias que la propia junta ha hecho contra cooperativistas. 


De forma sorpresiva, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) sacó a concurso dos gerencias a solo una semana de acabar sus labores, en una maniobra para dejar caminando sus procesos luego del 30 de noviembre.

La propuesta se presenta en medio de la polémica por las denuncias de parte de miembros del movimiento cooperativo, frente a las denuncias que la propia junta ha hecho contra cooperativistas.

Las tensiones, producto de la interención decretada por el expresidente Luis Guillermo Solís, y continuada durante el gobierno de Carlos Alvarado ha generado problemas de liquidez y quiebra de cooperativas mientras se abren investigaciones y se señalan mutuamente interventores y cooperativistas.

El tema toma trascendencia si se pone en perspectiva que el movimiento cooperativo aglutina a casi un millón de los habitantes del país.

El concurso para los puestos de gerente, tanto de Supervisión de Cooperativas del Infocoop como de Asesoría Jurídica, permitiría que los interventores mantengan y entre sus funciones, tendría que enfocarse en el cumplimiento de la ley, sus reglamentos internos y el marco legal en general.

Además, tendrá que coordinar los informes de auditoría y «realizar estudios con base en los cuales se recomiende a la Dirección Superior la disolución de organismos cooperativos, la autorización para la operación con no asociados y autorización para disminuir el capital social y cualquier otra establecida en la normativa».

Salida en polémica

Denuncias por corrupción de parte de la Auditoría Interna en contra del director ejecutivo puesto por la intervención, y señalamientos mutuos que han terminado en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, marcan el fin de una intervención administrativa del Infocoop que empezó en febrero del 2017 bajo el gobierno de Solís.

En aquél momento, la figura del ahora exdiputado Víctor Morales Zapata hacía sentir su influencie dentro del sector cooperativo.

La intervención inició un proceso de revisión contable y administrativa con arqueos y auditorías externas que terminaron por señalar supuestas pérdidas por cerca de ¢40 mil millones, sin embargo, esos número pasaron de ser una afirmación a una proyección.


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