Gobierno de Alvarado reafirma compromiso con comunidad gay

Desde la firma de un decreto, hasta la iluminación de una fachada, forman parte de las medidas del Gobierno para apoyar la población LGTBI.


El matrimonio gay todavía deberá esperar 18 meses.

No lo hizo con un gesto directo ni de brazos abiertos, pero desde el primer día, sin mucho ruido, el presidente Carlos Alvarado, ha venido reafirmando un compromiso con la comunidad LGTBI que ha desatado la ira de los movimientos conservadores y una reservada confianza de los grupos a favor de los derechos de la comunidad diversa.

Desde su discurso de toma de mando, el 8 de mayo, cuando dijo que a “velar por todos los derechos humanos, a todas las familias, a todas las personas, a la diversidad que enriquece el país”, Alvarado, hacía un guiño que va mucho más allá del aparente revés que hará este 1 de julio a la comunidad gay al no participar en su tradicional marcha de orgullo.

Con más acciones que ruido, tanto el presidente como su gabinete han manifestado su apoyo a esta comunidad, y aquí repasamos algunas de esas muestras que van más allá del discurso.

Por ejemplo, la designación de José Luis Salazar, como Comisionado Nacional para Asuntos LGTBI, el 17 de mayo, durante el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia.

Además, antes de salir rumbo a República Dominicana a la cumbre del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Alvarado firmó un decreto que ordena a las instituciones públicas y universidades estatales y privadas a ajustar los registros de las personas trans que así lo soliciten, ya sea en sus títulos, carnés, pasaporte, licencia y demás documentos oficiales.

El presidente Carlos Alvarado firmó un decreto para otorgar mayores beneficios a población LGTBI.

La directriz aplica también para entes financieros, es decir, para créditos bancarios, tarjetas facturas, recibos, contratos, entre otros. También se firmó una circular para que los funcionarios públicos reciban una capacitación para tratar a la comunidad LGTBI.

«Avanzamos también con una serie de instrumentos jurídicos para la tutela de la igualdad y los derechos de la población LGTBI, que como saben es una de las materias que hemos planteado como importantes para el gobierno de la República», afirmó Alvarado.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Steven Núñez no quiso pasar desapercibido y este viernes firmó la primera resolución que ordena a la Dirección Nacional de Pensiones otorgar el traspaso de pensión a una persona conviviente del mismo sexo.

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Se trata de Roy Calderón Guzmán, de 54 años, quien podrá heredar la pensión de su pareja, fallecida el 11 de febrero de 2016, tras haber presentado la solicitud de traspaso ante la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).

«Hoy marcamos un hito y avanzamos en la defensa de los derechos humanos», destacó el ministro.

La simpatía y gestos de Casa Presidencial también se han reflejado en el resto de la institucionalidad del país, con muestras de su compromiso con la población LGTBI, pues el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), iluminó su fachada con la bandera de la diversidad asegurando que «forma parte de las acciones que ejecutamos para el reconocimiento de los derechos de todas las personas».

No se ha quedado de lado la Defensoría de los Habitantes, que ha lanzado una campaña durante este mes, para sensibilizar a la población en contra de la discriminación y los mensajes de odio.

 

La última institución del Estado en unirse a ese movimiento, fue la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que por medio en sus redes sociales publicó que «caja es caja, aquí no se discrimina».

No es tan sencillo

Sin embargo, estas acciones del Gobierno encuentran una fuerte resistencia en los ámbitos donde la Presidencia no tiene el control de las cosas.

En el Congreso, por ejemplo, el nada despreciable bloque opositor de 14 legisladores evangélicos de Restauración Nacional es la principal piedra para que proyectos en a favor de la comunidad LGTBI avance.

Revestidos con los preceptos morales y cristianos, apoyados en la palabra dura del antiguo testamento a veces, y otras veces renegando de la Conrte Interamericana de Derechos Humanos, esta bancada, apoyada en diputados de otros partidos que ya se han manifestado en contra de la comunidad gay, representan un escollo difícil de flanquear para los intereses del sector del gobierno encargado de impulsar estas políticas de reivindicación de derechos.

La subjefa de fracción de Restauración Nacional, Carmen Chan pidió a Alvarado desde sus redes un alto al «lobby gay con recursos públicos» y destacó que el decreto firmado por el mandatario es una forma de imponer la opinión consultiva de la Corte IDH, sin esperar el pronunciamiento de la Sala Constitucional.

 

 

«Carlos Alvarado debe entender que es presidente de todos los costarricenses y el máximo administrador de recursos de nuestro pueblo y considero que le está dando la espalda a la mayoría de personas que votaron por él, porque ganó con una amplia cantidad de votos, no solo de la comunidad LGTBI (…).

«Estoy consternada de ver como el presidente firmó de manera apresurada y también irresponsable firmó este decreto ejecutivo que exige a todas las instituciones estatales modificar los documentos, trámites y registros internos de las personas trans que desean cambiar su nombre y no bastándole, toma la decisión de imponer la opinión consultiva de la Corte IDH sin esperar el pronunciamiento de la Sala Constitucional», detalló Chan.

 

Desde el oficialismo, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, hace la contra a los diputados evangélicos, a quienes desde las redes sociales se les llama con alguna sorna «los restauradores».

El pasado 17 de mayo, Sánchez advirtió públicamente que será el matrimonio igualitario uno de los derroteros de su gestión, y que esta será una realidad, pese a la oposición, haciendo notar que al menos 25 países reconocen ya este tipo de uniones.

«Por difícil que pueda parecer en este momento, la igualdad plena de derechos terminará siendo una realidad. Arrancaremos, poco a poco, la discriminación contra las personas LGBTI de nuestra sociedad.

«Y es precisamente para avanzar en igualdad, para avanzar en derechos, para avanzar en dignidad, para avanzar como democracia… que conmemoramos cada 17 de mayo el Día contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia», apuntó Sánchez en sus redes, para introducir la difusión de su mensaje en el plenario de ese día.

 

 

La realidad es similar a la que enfrenta el matrimonio igualitario en Costa Rica, ya que la Sala Constitucional ha sido enfática en que resolverá el tema hasta contar con todos sus magistrados propietarios, y actualmente carece de dos de ellos.

Los nombramientos se encuentran pendientes en la Asamblea Legislativa, uno de ellos ya está en el Plenario, no obstante la intención de algunos diputados del PAC y del PUSC de devolver a la comisión las ternas recomendadas, alargarían aún más el trámite.

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La otra solicitud recién entró a la Comisión de Nombramientos y al existir una serie de expedientes por delante, el trámite deberá hacer fila ante de ser discutido y analizado por dicha comisión.

Más allá de todas estas situaciones, lo cierto es que la marcha de este domingo, representará un paso más en el camino hacia la normalización jurídica de una situación de hecho que se ha dado en el país desde tiempos sin memoria, y que parece, de momento, no tener forma de revertirse, pese al rechinar de dientes de algunos.


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