Como si la discusión no estuviera más que zanjada, y aunque parezca una necedad que ya puede hartar a los lectores, cabe rescatar que el candidato presidencial por Nueva República, Fabricio Alvarado, insiste en traer a colación temas como el aborto terapéutico, cuyo decreto que permite la aplicación de la ley sería revisado en caso de que llegue a la presidencia del país.
por: Esteban Mata / 9 agosto, 2021
Como si la discusión no estuviera más que zanjada, y aunque parezca una necedad que ya puede hartar a los lectores, cabe rescatar que el candidato presidencial por Nueva República, Fabricio Alvarado, insiste en traer a colación temas como el aborto terapéutico, cuyo decreto que permite la aplicación de la ley sería revisado en caso de que llegue a la presidencia del país.
En una entrevista con el diario La República, el salmista evangélico dijo que en caso de llegar a la Presidencia, revisaría “todos los decretos” que se han firmado en los dos últimos gobiernos del PAC, incluido el que permite la aplicación de la interrupción de emergencia del embarazo, denominado “aborto terapéutico” y que existe en la legislación costarricenses desde la década de los 70.
El Ministerio de Salud, en concordancia con un equipo técnico y multidisciplinario emitió en diciembre del 2019 el protocolo necesario para la aplicación de la norma.
“Para mí no existe el mal llamado aborto terapéutico, todo es aborto” , dijo Alvarado al medio josefino.
“Vamos a revisar todos los decretos, no nos vamos a enfocar en uno solo. Es necesario evaluar la pertinencia de algunas medidas. Para mí no existe el mal llamado aborto terapéutico, todo es aborto”, dijo el candidato.
En 2019 el país aprobó la normativa necesaria para permitir el aborto terapéutico en el país a través de un trabajo técnico y especializado que incluyó un equipo multidisciplinario.
CONTINUIDAD A LA NEGATIVA
Sin embargo, ese mismo año, ya el bloque de diputados fabricistas presentó un proyecto de ley para equiparar las penas del ‘delito de aborto’ con el de homicidio calificado.
La iniciativa, tramitada bajo expediente 22.453 e impulsada por Jonathan Prendas, Carmen Chan e Ignacio Alpízar, pretende que cualquier persona que cause la muerte de un feto, pueda ser sancionado con 35 años de prisión, mismo tiempo por el que se sanciona a una persona que haya cometido el delito de homicidio calificado.
El texto plantea que el que causare la muerte de un feto será reprimido con prisión de veinte a treinta y cinco años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si esta fuere menor de quince años. Dicha pena sería de 19 a 30 años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina. Asimismo, se sancionaría de 18 a 32 años si se cometiera un aborto con consentimiento (16 a 30 años de prisión si el feto no alcanzó seis meses).