Pablo Barahona quien fue embajador de Costa Rica ante la OEA y acusado por acoso laboral a sus subalternos, busca hoy defender a los ciudadanos.
Por: Kimberly Herrera
El exembajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Pablo Barahona Kruger es uno de los 21 candidatos que se postuló para ocupar el cargo de defensor de los Habitantes.
El abogado de profesión, había renunciado a su cargo en 2016, para supuestamente ocupar un puesto mayor en la OEA, hecho que fue desmentido por el secretario general de la organización, Luis Almagro.
Justamente en ese entonces Barahona había roto relaciones con el gobierno de Luis Guillermo Solís, tras una denuncia por supuesto acoso laboral y malos tratos a al menos tres de sus subalternos en la dicha sede diplomática.
Una auditoría interna del Ministerio de Relaciones Exteriores reveló, según dio a conocer La Nación, que Barahona generó un ambiente hostil, poco flexible y sin dirección en la embajada.
”Del análisis de la información recopilada, se concluye que el proceder del embajador con las personas funcionarias de la misión, no es conforme con las convenciones y normativas que el Estado costarricense ha ratificado (derechos laborales y humanos), por lo que la consecuencia de sus conductas podría dañar la imagen nacional e internacional del país”, se lee en el memorando DGSE-0071-2016.
Se intentó conversar con Barahona para que hablara de su postulación, sin embargo, no respondió a las llamadas hechas por PulsoCR.com
Barahona fue el primeros en ser entrevistado por los diputados que conforman la Comisión de Nombramientos, encargados del proceso de selección según los estipula la Ley de la Defensoría de la República, en su artículo 4.
“Podrá ser nombrado Defensor de los Habitantes de la República, el costarricense que se encuentre en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea mayor de treinta años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocidos. La Asamblea Legislativa designará una Comisión Especial, que analizará los atestados de las personas que opten por el puesto de Defensor de los Habitantes de la República de conformidad con lo que prescriba el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa”, se lee.
Otros de los aspirantes al cargo que dejó Montserrat Solano son la exdirectora de Migración, Kathya Rodríguez; así como Cynthia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Además, entre los concursantes se encuentran dos funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, tal y como es el caso de los abogados Tatiana Mora y Mauricio Medrano.
Tras conocer todos los atestados, los diputados de la comisión analizarán los perfiles y recomendarán una terna al Plenario Legislativo, quienes discutirán y votarán por la persona idónea para ejercer el cargo.
Hasta la fecha se han recibido un total de nueve postulantes y se estima que será el próximo 25 de junio cuando se terminen de realizar las entrevistas y se entren a analizar los perfiles.
“Se está utilizando la metodología aprobada por la legislatura anterior que establece plazos muy concretos y una serie de acciones importantes que se debe seguir para trasladar a buen término la escogencia de las personas y trasladar esa recomendación de terna”, explicó la presidenta de la comisión, Ana Lucía Delgado.
Largo camino
Pese a que la solicitud del nombramiento llegó hasta el Congreso desde la legislatura anterior, el entonces diputado y presidente de la comisión, Jorge Rodríguez, se negó a discutirlo.
En ese momento el exdiputado insistió en que los responsables de llevar a cabo la selección de la futuro defensor de los habitantes, eran los legisladores electos, es decir, los que asumieron el 1 de mayo anterior, puesto que serían ellos quienes se relacionarían más frecuente con el jerarca.
La última defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, anunció la renuncia a su cargo el pasado mes de febrero alegando que recibió una oferta laboral fuera del sector público que no podía rechazar.
La periodista y abogada había sido nombrada en ese puesto por el Poder Legislativo en septiembre del 2014, luego de la renuncia de Ofelia Taitelbaum.