Al entender de los rectores, las reglas del Servicio Civil no se pueden aplicar a las universidades estatales tal y como se planteó tanto en la reforma fiscal como en sus reglamentos.
Por: Esteban Mata
Los rectores de las cinco universidades públicas demandaron al Estado para evitar los efectos del plan fiscal en temas administrativos, pues consideran que las reformas aprobadas por el Congreso afectan su autonomía constitucional.
Así lo detalló una comunicación de la Universidad de Costa Rica en la que se detalla que en la demanda, que incluye una medida cautelar, fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo «contra el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado».
El tema de la afectación al régime del empleo público es lo que sustenta esta medida de nulidad, específicamente contra del artículo 1° inciso h) y del artículo 3° del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan el pasado 18 de febrero, denominado “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al empleo público”, apuntó la UCR en su comunicación.
A esto se le suma la supuesta «aplicación indebida» de varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
«Entre los principales argumentos que respaldan esta demanda, se señala que la regulación del régimen de empleo de las universidades públicas es materia reservada a las competencias de estas instituciones, y desde su creación han quedado fuera de la aplicación del régimen del Servicio Civil», reseñó la UCR.
Al entender de los rectores, las reglas del Servicio Civil no se pueden aplicar a las universidades estatales tal y como se planteó tanto en la reforma fiscal como en sus reglamentos.
«El régimen de empleo público que regula a estas instituciones se encuentra en sus diferentes estatutos orgánicos, sus reglamentos internos de trabajo y sus reglamentos autónomos y de servicio», dice la comunicación.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, afirmó que las universidades estatales siendo coherentes con la responsabilidad social que les caracteriza y «conscientes de la situación económica del país, han tomado medidas importantes de reducción del gasto y han solicitado a las instancias correspondientes la aprobación de normativa interna que incorpore en los ordenamientos jurídicos universitarios, nuevas y adicionales políticas de promoción de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad financiera.
“Sin embargo —agregó— debemos velar porque se respete lo que determina nuestra Constitución Política con respecto a la autonomía de las universidades públicas, precisamente para evitar que poderes políticos gobiernen en las universidades”.
La comunicación finaliza señalando que la Universidad de Costa Rica está revisando los regímenes de remuneración vigentes y ha establecido como indemnización máxima para el pago de cesantía el tope de 12 años.
Esta es uno de las primeras medidas en contra de la aplicación del plan fiscal en lo que va del año, en tanto se inicia su implementación, que se sentirá con más fuerza a partir de julio, cuando ya entre en rigor la aplicación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 13% sobre la venta de bienes y servicios.