El bochinche alrededor del nombramiento de Ottón Solís en la OCDE

"El nombramiento de Solís fue fundamentalmente una disputada de poder, un pulso por demostrar quién realmente manda en Costa Rica. En todo ello, los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa jugaron el rol usual: simple cámara de eco de los intereses empresariales".


*Por Luis Paulino Vargas Solís

Diversas personas, incluida la jefa de fracción del PLN, dicen que ese nombramiento fue “ilegal”. Al margen de lo que cada quien opine sobre el señor Solís, esa cuestión merece una discusión por aparte, la cual, por cierto, tiene ramificaciones muy interesantes.

El argumento sobre la presunta ilegalidad, apela al artículo 4 de la ley 9981, de adhesión a la OCDE. Ese artículo básicamente dice dos cosas: i) que la delegación permanente ante la OCDE formará parte del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); ii) que el Consejo de Gobierno –“por iniciativa” de COMEX- nombrará al respectivo representante ¿Dónde estaría la “ilegalidad”? En el hecho, muy obvio, de que el nombre de Solís no surgió de la “iniciativa” de COMEX. Ahora bien, siendo que COMEX tiene la “iniciativa”, el Consejo de Gobierno es quien nombra, en ejercicio de las potestades que le atribuye el artículo 147 de nuestra Constitución. Absolutamente nada obliga a que se nombre a la persona que COMEX haya propuesto.

¿Que en este caso se incumplió el mandato que atribuye a COMEX la “iniciativa”? Bueno, eso se resuelve facilísimo: recordemos que el inciso 1) del artículo 139) de la Constitución atribuye al presidente de la república la potestad de “nombrar y remover libremente” a ministros y ministras. O sea, el ministro de COMEX es un subalterno del presidente. Basta que éste le ordene: “proponga a Fulanita o Zutanito”. El ministro tiene dos opciones: obedecer o renunciar. No hay más.

Sugiero ir un paso más allá y revisar el artículo 2) de ley número 7638, acerca de las atribuciones de COMEX. Es claro que éste es un órgano a cargo de una muy específica política sectorial: la de comercio e inversión extranjera. En concreto, el inciso d) le asigna la representación del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y “demás foros comerciales internacionales”.

¿Es la OCDE un foro comercial? Claramente es mucho más que eso. En el sitio web de esa organización se dice que su “misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas” (negrita del original). Retórica aparte, es obvio que, tratándose de la OCDE, lo comercial y las inversiones es solo un elemento entre otros, puesto que muchos otros asuntos deberían ser considerados para alcanzar tan ambiciosos objetivos.

¿Por qué entonces la Asamblea Legislativa asignó a COMEX la representación de Costa Rica? Se supone que es una representación diplomática ante una organización multilateral que maneja una agenda multifacética. Por lo tanto, debió naturalmente quedar en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más aún ¿por qué se intentó amarrar la representación de Costa Rica a la “iniciativa” de COMEX? (lo cual, como ya vimos, no pasa de ser una treta leguleya nada imaginativa).

Resulta por completo desatinado poner en manos de un órgano como COMEX -cuyas atribuciones son de restringido alcance- una responsabilidad tan compleja, puesto que compleja y multifacética es la agenda de asuntos que se abordan en la OCDE. En esto debía primar una visión país, no un enfoque sectorial. Pero evidentemente se optó por el enfoque sectorial.

Solo hay una explicación plausible para este absurdo: ello refleja claramente la posición ampliamente hegemónica que han alcanzado en Costa Rica los intereses y las visiones ideológicas, del gran empresariado y de los muy ricos. Pero, para mejor entenderlo, es a su vez necesario entender cómo funciona el triunvirato constituido por COMEX, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

El artículo 4) de la ya mencionada ley 7638, crea, como parte de la estructura organizativa del COMEX, un Consejo Consultivo, el cual tiene la función de asesorar al Poder Ejecutivo “…en materia de políticas de comercio exterior e inversión extranjera” y velar “por el cumplimiento de tales políticas”. Ese Consejo está formado por 17 miembros, de los cuales 7 provienen de diversas cámaras empresariales. Considérese, además, que también hay una persona que representa a PROCOMER, y otra en representación de CINDE. Recordemos enseguida que estas dos organizaciones están fuertemente ligadas a los intereses empresariales. Queda claro entonces que estos últimos tendrán predominio en ese Consejo Consultivo.

Por su parte, PROCOMER es creado y funciona bajo la regulación de la misma ley (número 7638), cuyo artículo 10 crea una junta directiva a cargo de la dirección de este órgano. Esta junta está constituida por nueve personas, cuatro de las cuales son de directo nombramiento por cuatro cámaras empresariales (el presidente o vicepresidente de éstas), y una quinta persona, “representante de los pequeños y medianos exportadores”, será nombrada por el Consejo de Gobierno con base en una terna presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Vale decir que, sobre un total de nueve integrantes, hay cinco de las cámaras empresariales.

Por su parte, CINDE es, sin más, una organización privada, manifiestamente ligada a los intereses del gran empresariado, y la cual, según leo en un comunicado de prensa de marzo 2019, dice de sí misma ser una “organización privada y sin fines de lucro, encargada de la atracción de inversión extranjera a Costa Rica”. O sea, sin pedirle permiso a nadie, se apropia de una política pública muy importante, lo cual no sería tan relevante, si no fuese porque los sucesivos presidentes y una presidenta de la república, han cohonestado y legitimado, ese ejercicio espurio de privatización de esa política pública.

Aparte el argumento de la “legalidad”, a la hora de combatir el nombramiento de Solís, también se apeló al argumento “técnico”. COMEX sería, según esa narrativa, el órgano “técnico”, el depositario del “saber técnico” en tan importante materia. Esto no pasa de ser otra falacia, tan burda como la de la “ilegalidad”. No se me malentienda: no me refiero al personal de ese ministerio, que seguramente es gente profesionalmente competente. Me refiero al hecho de que, en realidad, estamos en presencia de un órgano político, mejor digamos, de un tridente de órganos politizados (COMEX-PROCOMER-CINDE), que funcionan bajo el influjo directo y predominante de los intereses y la ideología del empresariado más poderoso, un grupo ínfimo, pero extremadamente influyente. Es, por sobre todo, una cuestión política, teñida hasta la médula de intereses corporativos. Lo técnico si acaso entra a jugar en un lejano segundo plano, y de forma totalmente subordinada.

No veo realistas las tesis conspirativas que circulan. Creo que el estridente bochinche alrededor del nombramiento de Solís fue fundamentalmente una disputada de poder, un pulso por demostrar quién realmente manda en Costa Rica. En todo ello, los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa jugaron el rol usual: simple cámara de eco de los intereses empresariales. La batuta, como de costumbre, estuvo en manos de estos últimos. La cuestión, como he mostrado, se alimentó de múltiples falsedades, pero, además, tuvo el aspecto de una grotesca comedia de malentendidos. Y ello especialmente en un sentido: las cámaras empresariales identificaron como enemigo, a un sujeto -el señor Solís- que no lo es en absoluto. Ni siquiera es un crítico más o menos incómodo, sino un señor que asume, con ínfimas diferencias, la agenda corporativa-empresarial, lo cual quedó clarísimo en su carta de renuncia.

Me parece que el gran empresariado intuyó que aquí tenía la posibilidad de recomponer posiciones, luego de que el “caso cochinilla” lo pusiera a la defensiva. Vinieron, golpearon la mesa y se echaron el pulso. Ganarlo sirve para recordarnos y, en especial, recordárselo a Carlos Alvarado, quienes manejan las riendas en Costa Rica.

Podemos anticipar que ahora el Consejo de Gobierno nombrará a una persona a gusto del empresariado.

El autor es Economista del CICDE-UNED


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