Llegó la vacuna y veremos un rebote en la recuperación económica, tras la depresión pandémica del 2020, no solamente a nivel local si no mundial.

Como un paciente en cuidados intensivos, percibiremos un mejoramiento del bienestar general, expresado en un crecimiento económico en el primer semestre del 2021 con una alza importante en todos los niveles de optimismo y la inversión en el segundo semestre del el 2021.

Obligados a realizar ajustes pendientes por muchos años, por insostenibles, para optimizar el aparato Estatal, empujaremos el 2022 hacia un significativo crecimiento económico.  Esas serán las “pintas” del escenario electoral del seis de febrero del 2022.

El gobierno del PAC ganó tiempo con las mesas de diálogos sociales y midió la capacidad de reacción de todos los sectores sociales del país, para enfrentarlos una vez que se anuncien las medidas para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las mesas de diálogo tenían pocas esperanzas de aportar soluciones, ante la realidad de las urgentes acciones y reformas por la crisis de las finanzas públicas que serán sentenciadas por el FMI en enero y febrero del 2021.

Evadir un acuerdo con el FMI es ir a un precipicio económico, que arrastrará a la sociedad a la pobreza y a la quiebra, y cuyas consecuencias sentiríamos por una década.

Las universidades públicas quedaron exhibidas en su absoluta ineficiencia; en el sigilo —en lugar de potenciar la capacidad de interconexión digital con sus alumnos— gastaron cuantiosos recursos en la construcción de edificios y pagar sueldos elevados a la casta académica que desangra el presupuesto de la educación superior.

Los superávits no ejecutados deben de regresar cada año a la caja única del Estado, y no invertirse en deuda pública.

Igual que los caminos vecinales construidos en el siglo 20, es urgente interconectar a todas las poblaciones del país con una autopista informática de calidad, Los recursos están disponibles en Fonatel, casi 400 millones de dólares lo comprueban, falta capacidad gerencial.

Hay que pasar el bisturí para reducir la elevada tasa de ineficiencia y mora que obstruye todo el Poder Judicial, e impide una justicia pronta y cumplida, esencial para generar confianza e inversión.

La diferencia en tiempo entre la resolución de los casos en sociedades desarrolladas y la nuestra es apabullante y vergonzosa.

Todavía, en la tercera década del siglo XXI, los sindicatos que controlan a la Caja del Seguro impiden la tercerización de servicios y las alianzas públicas y privadas, que generarían ingentes ahorros y una mejora sustancial en la calidad de la atención recibida por los asegurados.

Los feudos gremiales, organizados para blindar a la institución de la competencia, también se trasladan a la esfera privada; hay muchos proveedores opuestos a la competencia y a la transparencia en las contrataciones, porque está entronizado el capitalismo mercantilista.

Pero el despilfarro más irresponsable es el salario escolar, consolidado judicialmente por jueces partícipes de sus beneficios, quienes sentenciaron que ese “catorceavo” pago a los empleados públicos —alrededor de 500 (sí, quinientos) millones de dólares, lo que equivale al 0.9% del PIB— es un salario, alegando que deriva de un ahorro no entregado, el cual proviene de un aumento salarial retenido.

El cinismo burocrático les impide cuestionarlo y ni siquiera someterlo a impuesto de renta; mientras en el sector privado tenemos a cientos de miles de costarricenses sin empleo y con ingresos reducidos por la pandemia.

La vergüenza adicional del salario escolar, decretado para al sector del gobierno central, consiste en que las universidades se guindaron, pues en esa ocasión no les convenía invocar la autonomía universitaria.

Y todavía nos venden el orgullo de que tenemos un Estado solidario.


*Sáenz es Empresario. Ingeniero Civil de profesión, master de Louisiana State University (LSU) en Administración de Negocios y tiene además una especialización en Alta Dirección de Empresas del IPADE y expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

*La opinión expresada en este espacio no necesariamente representa la línea editorial de PULSOCR, sino exclusivamente responsabilidad de su autor.