El proyecto de deuda por $1.500 millones a través de los llamados Eurobonos avanza al plenario con un fuerte ajuste de parte de los diputados.
por: Esteban Mata / 28 mayo, 2019
Los diputados de la comisión de Asuntos Económicos dictaminaron afirmativamente la emisión de deuda por $1.500 millones, aunque el Gobierno esperaba que dicha autorización llegara al plenario por un monto de $6 mil millones.
Los nueve legisladores presentes en la Comisión le dieron visto bueno a un texto sustitutivo presentado por el diputado y presidente del foro, Roberto Thompson, que fue aceptado por la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) con cierto desdén, pues habrían querido más, y con el ánimo opositor de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Thonmpson por su parte, recalcó el hecho de que el plan quedó tal cual lo había planteado el Partido Liberación Nacional, con una fuerte ración de control político «para tener absolutamente claro el nivel de endeudamiento que alcanza el país».
En palabras de la diputada del PAC, Paola Vega, se pudo haber obtenido más, pero en palabras del socialcristiano Pedro Muñoz, se dio un «ejemplo de oposición».
La intención de los opositores como Muñoz, es que cada vez que el Ejecutivo necesite una emisión de bonos para deuda externa, como los Eurobonos, Casa Presidencial debe justificar esta emisión ante los diputados, y por esa misma razón fue que no aprobaron los $6 mil millones que había solicitado el Ministerio de Hacienda.
Esta disposición quedó clara en el artícul 2 del proyecto de ley que ahora, ya dictaminado, deberá pasar , al plenario legislativo para su respectiva aprobación final.
«Antes de realizar estas colocaciones en el mercado internacional, el Ministerio de Hacienda deberá haber presentado a la Asamblea Legislativa, los proyectos de ley conteniendo los contratos de apoyo presupuestario negociados con los organismos financieros multilaterales», señala el plan de ley.
En el texto de Thompson además se plantea que el Poder Ejecutivo «deberá dar cuenta trimestralmente a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República, del avance en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas y el cumplimiento de las disposiciones pendientes contenidas en los informes de la Contraloría General de la República relativos a la Administración Tributaria».
Esto con el fin de verificar que el plan fiscal y las medidas de ajuste económico del Gobierno avancen acorde con lo negociado para aprobar la emisión de nueva deuda, como lo es la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos.