Diputada Nicolás, ¿no faltan nombres en el banquillo de acusados del ICE?

Poco a poco se ha desmenuzado una secuela de inconsistencias, no de ahora, ni de hace cuatro años, sino de más de una década dentro del ICE


No puedo estar más de acuerdo con la diputada del PLN, Franggie Nicolás, cuando dice que al ICE “lo está desangrando las pésimas decisiones, los negocios fracasados y malos administradores”. A todas luces, y antes de una quiebra inminente de la entidad, se debe proceder a una investigación y sentar responsabilidades.

Todo hasta ahí va bien, sería soso de mi parte pensar distinto, sin embargo, me llama la atención que Nicolás, junto con su compañero de bancada, Roberto Thompson, desde noviembre pasado presentaron una moción en la corriente legislativa para convocar en audiencia a los últimos dos presidentes ejecutivos del ICE.

La inquietud no es por el citatorio a Carlos Obregón (exjerarca de la institución durante el gobierno de Luis Guillermo Solís) y de Irene Cañas, actual presiddenta ejecutiva. En todo caso, no me corresponde fungir como defensor, para eso existen exfuncionarios titulados en ese rango que ya hicieron sus respectivos planteamientos, como la célebre Julieta Bejarano (exdirectora jurídica del ICE y mano derecha de Obregón).

La procesión no pasa por ahí, sino porque la legisladora deja de lado lo acaecido en los últimos gobiernos liberacionistas de Óscar Arias y Laura Chinchilla.

Bien podría devolver el casete hasta la presidencia ejecutiva de Pablo Cob, pero por ahora ahondaré en el aumento desmedido de la planilla del instituto, los reportes de pérdidas millonarias y, ¿por qué no?, del descalabro de Racsa.

Poco a poco desmenuzaré la base del derramamiento de sangre que sufre la institución, según palabras de la diputada, para llegar a la pregunta clave… ¿Y los demás?

Primero una retrospección hasta la época de la crisis financiera, la aprobación del TLC y la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Este último punto me da para cortar mucha tela, pero no es ahí donde pondré los focos de atención, sino en el engorde desproporcionado de la planilla del ICE.

El Plan Escudo, impulsado por Arias tras la crisis del 2008, con sus implicaciones posteriores, dio pie para que el segundo gobierno del Nobel y el gobierno de Chinchilla incrementaran la planilla del ICE en casi 4 mil empleados. Es decir, la entidad estatal alojó a 16.757 trabajadores en su nómina durante el 2011, lo que provocó mayores costos de operación y de algún modo pudo tener repercusión en la estabilidad de las tarifas del consumidor.

¿Y los que faltan?

Esto ocurrió durante la gestión de la presidencia ejecutiva de Pedro Pablo Quirós, de ingrata memoria luego de la acusación por uso de un helicóptero con fondos públicos para actividades personales, y quien por cierto, luego sería contratado como asesor especial del Banco de Costa Rica para el fideicomiso de la fallida construcción de la nueva carretera San José-San Ramón, pero esa es harina de otro costal.

La política de contrataciones continuó bajo el mando de Eduardo Doryan, ficha de la expresidenta Chinchilla, y quien finalmente renunció tras el brote de cuestionamientos que enlodaron su gestión en la Caja Costarricense del Seguro Social (una más de las instituciones que engordaron su planilla durante la época de Arias). No fue sino hasta el 2012, con Teófilo de la Torre a la cabeza del ICE, que se puso freno para evitar la caída libre de uno de los gigantes del aparato estatal.

Diez años le tomó al país, por medio de políticas restrictivas y de movilidad laboral, el poder contraer la planilla de la entidad, y así llegar a 13.700 empleados, una cifra similar a la registrada en 2006.

Obregón, de quien tengo mis reservas especialmente por el manejo de los proyectos hidroeléctricos, puso en marcha la reducción del costo de remuneraciones, pues en los últimos diez años ese rubro creció en porcentajes interanuales que oscilan entre los 3 y 27 puntos. Basta con ver que, entre 2014 y 2015, el crecimiento del gasto por salarios de los empleados fijos fue de apenas un 1%, mientras que, en 2007, 2008 y 2009 fue de 22%, 27% y 20%.

Finanzas al garete

Como si fuese poco, el diario La Nación publicó en junio de 2012, la “Oscuridad en el ICE”, con lo cual se puso en entredicho la transparencia de la institución, tras ocultar información relevante sobre su salud financiera.

La opinión pública y el propio gobierno demandaban la apertura de los libros financieros del ICE y, por otro lado, Hacienda daba a conocer un estudio alarmante: la institución entregó información encriptada y sin notas de auditoría. Según el informe, las pérdidas del 2011 eran de ¢389 millones, contrario a los ¢22.112 millones reportados por los auditores de la entidad.

Si bien los ingresos del instituto iban “in crescendo”, la utilidad vino a la baja de manera sustancial, al pasar de ¢84.369 millones en el 2007 a ¢3.947 en el 2011. Ese mismo año, el sector de telecomunicaciones tuvo pérdidas por ¢15.061 millones y el endeudamiento se disparó en un 184% en un cuatrienio, mientras que el capital contable incrementó apenas un 26%.

Las autoridades del ICE se justificaron en la apertura de telecomunicaciones, pese a que, el análisis de Hacienda abarcaba el periodo 2007-2011, cuando recién se anunciaba la ruptura del monopolio. Aún así, Teófilo de la Torre prometió un ahorro de ¢80 mil millones, lo que generó, como bien lo dice el artículo de La Nación, más dudas que respuestas, pues se desconocía si el problema era producto de la ruptura del monopolio o del gasto excesivo de la institución.

Los números rojos de Racsa

Poco a poco se ha desmenuzado una secuela de inconsistencias, no de ahora, ni de hace cuatro años, sino de más de una década dentro del ICE. Para muestra un botón: el informe de la Contraloría General de la República, en diciembre de 2011, sobre el riesgo de la quiebra de Radiográfica Costarricenses (Racsa).

El estudio apuntaba a la pérdida acumulada de la rentabilidad y la falta de liquidez de la entidad para hacerle frente a las deudas en el corto plazo, lo equivalente a pérdidas de operación por ¢6.786 millones.

Para salir del asfixio, la subsidiaria del ICE apeló al total de sus utilidades (ahorros), e incurrió en un desmedido nivel de endeudamiento. Esto sin dejar de lado que hubo una disminución de los flujos de caja.

Radiográfica reconoció que las pérdidas en operaciones continuarían hasta el 2013, pese al aporte de capital que le hizo el ICE, en 2011, por ¢5.845 millones.

¿Tuvo impacto la apertura del mercado de telecomunicaciones en la estabilidad financiera de Racsa?, quizá, tal y como se infiere en el informe de la Contraloría, ya que, a partir de 2010, la entidad fue víctima de una drástica caída en los ingresos de operación tras la fuga de clientes. Aún así, no se justifica la alta carga financiera por el endeudamiento en proyectos que no le aportaron la rentabilidad esperada, al tiempo que no se invirtió en negocios que sí le dejaban ganancias.

Finalmente, bien podría hacer una parada en 2012 para ahondar en aquellos contratos millonarios que el ICE le adjudicó a una empresa gerenciada por el hermano del entonces presidente ejecutivo de la institución, Teófilo de la Torre, según una publicación de CRHoy, la cual adjunto en este espacio: ICE adjudica contratos millonarios a empresa gerenciada por hermano de presidente ejecutivo, pero no sólo sería hilar delgado, sino que podría parecer injusto, tomando en cuenta que, desde el 2010, la Contraloría le levantó la prohibición a la compañía para vender servicio a toda la administración pública.

Si de investigar las actuaciones de quienes administraron y administran al ICE se trata, le aseguro diputada que la medida es plausible y urgente, únicamente le aporto estos elementos para su conocimiento, a la espera de que pueda sopesar si faltan o no algunos nombres en ese banquillo de acusados, que de paso puedan dilucidar la crisis financiera de entidad.


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