Además de las alianzas de cooperación, se facultaría el desarrollo conjunto de infraestructura, proyectos económicos, académicos, científicos, tecnológicos y de servicios públicos
por: Aarón Chinchilla / 25 febrero, 2020
La Comisión de Infraestructura dictaminó una iniciativa que permite alianzas de cooperación y coordinación entre empresas del sector público y privado.
De forma unánime, los miembros del órgano legislativo dictaminaron el expediente 21.420 «Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público Privadas» que además de las alianzas, facultaría el desarrollo conjunto de infraestructura, proyectos económicos, académicos, científicos, tecnológicos y de servicios públicos.
De acuerdo a uno de los proponentes, Luis Fernando Chacón (PLN), dicho proyecto otorgará soluciones prontas a la ciudadanía, bajo un modelo «innovador y rentable para el país»
“Las alianzas público privadas son importante para un país como el nuestro en donde no tenemos la capacidad financiera para desarrollar obra pública. Este proyecto no sustituye a la actual Ley de Concesiones ni a la Ley de Contratación Administrativa; al contrario, el Estado va a tener una herramienta más para la construcción de obra pública y servicios más eficientes”, precisó.
En la misma línea, David Gourzong (PLN) señaló que «cuando un país está en situaciones críticas en materia de finanzas se necesita del apoyo del sector privado y es ahí donde las Alianzas Público-Privadas pueden ser el motor de desarrollo del país, en términos de colaboración con la reactivación económica».
“ (…) por eso que buscamos establecer este marco normativo que viene a reducir los riesgos para la Hacienda Pública y le permite al sector privado ser parte de las soluciones requeridas en materia de infraestructura”, acotó.
El proyecto es respaldado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), Lanamme-UCR, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y fue consultado a la Cámara Costarricense de Construcción, CINDE, UCCAEP, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH), Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Acueductos y Alcantarillados (AyA) y Gobiernos Locales.
A partir del dictamen afirmativo, el expediente pasa al Plenario legislativo, en donde será discutido en dos debates. En caso de ser aprobado por la mayoría de diputados, pasará al Ejecutivo y pasará a ser ley de la Republica, una vez publicado por el diario oficial La Gaceta.