Contraloría ordena a la Corte aplicar plan fiscal a pluses de sus empleados

El órgano contralor además advirtió al Poder Judicial que el incumplimiento a su orden, podría acarrear incluso la destitución de los funcionarios encargados de hacerla valer. 


Los magistrados recibieron una amonestación escrita. Fotografía cortesía UCR.

Los magistrados contra la pared del marco de legalidad. Ese sería un aburrido pero certero título para la orden de la Contraloría General de la República para que el Poder Judicial cumpla con ajuste salarial para empleados públicos contemplado en el Plan Fiscal y al que se habían opuesto los altos jueces de la República.

El órgano contralor además advirtió al Poder Judicial que el incumplimiento a su orden, podría acarrear incluso la destitución de los funcionarios encargados de hacerla valer.

Sin embargo, la tarde de este viernes el órgano contralor emitió el oficio 20404, en el que establece un rígido ordenamiento salarial a la «Administración central», entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.

«Se ordena al señor Fernando Cruz Castro en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia o a quien en su lugar ocupe el cargo:

  • Hacer del conocimiento de los miembros de la Corte Plena la emisión y contenido
    de la presente orden.
  • Girar las instrucciones a las instancias internas competentes del Poder Judicial para asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), N.° 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma, para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial sin distingo de la fecha de incorporación, así como definir los mecanismos de seguimiento para asegurar dicho cumplimiento».

Con esta resolución, la Contraloría se trae al suelo lo dispuestos por Corte Plena de la sesión del 18 de marzo, donde los magistrados se apartaron del capítulo III del plan fiscal.

Esto deja por fuera del marco legal la interpretación de la Corte en torno a la dedicación exclusiva, prohibición, componentes salariales, auxilio de cesantía y topes en las remuneraciones en los términos dispuestos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (plan fiscal).

La Contraloría señala que las medidas planteadas por el plan fiscal sí son aplicables a los funcionarios que ingresen o reingresen a dicha institución, no así a los funcionarios que actualmente mantienen una relación de servicio con el Poder Judicial, basándose en la presunta existencia de derechos adquiridos.

«De igual forma, se concluye que las disposiciones legales sobre carrera profesional y pago de anualidades previstas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aplican a los funcionarios que ingresen o reingresen a dicha institución, no así a los funcionarios que actualmente mantienen una relación de servicio con el Poder Judicial, por cuanto la conclusión del análisis jurídico realizado es que existe un régimen especial derivado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial que debe respetarse.

Advertencia

Asimismo, advierte a los magistrados sobre consecuencias legales en caso de omitir lo señalado en el documento.

«En relación con lo ordenado en el presente oficio, el Órgano Contralor advierte que cualquier actuación -omisa o activa- por parte de esa Administración, en contraposición a lo establecido en la LFFP, o en general que resulten disconformes con el ordenamiento jurídico, podrán ser objeto de eventuales responsabilidades.

Finalmente, no se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece que cuando en el ejercicio de sus potestades el Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia una vez agotado el plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General.


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Esteban Mata /

Periodista, escritor y profesor de periodismo. Cuenta con 20 años de experiencia en el medio; 15 de ellos, en la cobertura de temas políticos. Colaborador de medios internacionales y periodista radiofónico, se especializa en géneros como entrevista, crónica y reportaje.

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