La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre los controles ejercidos en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y determinó que las instituciones del Estado tienen severas fallas y limitaciones en la operación del puerto del Caribe.
por: Aarón Chinchilla / 14 octubre, 2020
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre los controles ejercidos en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y determinó que las instituciones del Estado tienen severas fallas y limitaciones en la operación del puerto del Caribe.
El estudio realizado por el órgano contralor determinó que el Estado presentó una serie de debilidades y limitaciones en la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora, la Unidad de Supervisión de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la unidad fiscalizadora por lo que «no es posible garantizar, desde el inicio de la etapa de explotación de la TCM, el pleno cumplimiento de las funciones de control en el cumplimiento integral de las obligaciones descritas en el contrato».
En concreto, se precisa una débil capacidad de operación y respuesta de la Unidad Ejecutora, mientras que la Unidad de supervisión de Japdeva cuenta con limitaciones que le permitan supervisar integralmente el contrato y adicionalmente, existe «ausencia de planificación estratégica».
En cuanto al órgano fiscalizador, se presentan limitaciones de ágil acceso y actualizado a la información del proyecto e inexistencia de una planificación de mediano y largo plazo.
Más fallas:
En la misma línea, la Contraloría señala en su informe que hay ausencias de mecanismos formales de coordinación y limitaciones para realizar funciones.
Respecto a la Policía de Control de Drogas (PCD), no existe un sistema automatizado para solicitar las revisiones de contenedores, lo que podría afectar la confidencialidad de la información y en el caso del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) no existe un andén para revisar cargas refrigeradas.
Finalmente, se precisó que hay limitaciones con el monitoreo y mantenimiento de aspersión por parte del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y de forma paralela, se denuncian tiempos de respuestas tardíos por parte del concesionario sin cámaras de enfriamiento por parte de aduanas.