La bancada del PUSC, junto a «Nueva República» y el independiente Erick Rodríguez Steller señalaron que aprobar dicha moción era «entrometerse en las decisiones del Ejecutivo»
por: Aarón Chinchilla / 1 abril, 2020
A pesar de las trabas del PUSC y el bloque fabricista, los diputados aprobaron una moción para que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto de usura
Con 30 votos a favor y 16 en contra, los legisladores dieron trámite afirmativo a una moción presentada por los diputados Welmer Ramos (PAC) y David Gourzong (PLN) que le solicitaba al Presidente Carlos Alvarado que convocara el expediente 20.861, conocido popularmente de usura.
“Esta moción es de la mayor importancia en este momento en el que estamos. El pueblo costarricense está viviendo calamidad y le están capitalizando intereses a tasas usurarias, pero no solo el sistema financiero formal, sino casas de empeño, el prestamista del barrio. En términos generales, se están aprovechando de la calamidad del pueblo. No podemos ser indiferentes a la situación que vive el pueblo sobre endeudado. Es muy fácil votar ese proyecto por que ya hay acuerdos”, justificó sobre la moción el oficialista Welmer Ramos.
La moción fue firmada por Eduardo Cruickshank, Xiomara Rodríguez (PRN), Gustavo Viales, Daniel Ulate (PLN), Patricia Villegas y Walter Muñoz (PIN).
Oposición:
Luego que Carlos Ricardo Benavides leyera la moción, la bancada de la Unidad Social Cristiana, “Nueva República” y el independiente Erick Rodríguez Steller señalaron que no respaldaban la moción ya que “resultaba improcedente”, “violentaba el principio de división de poderes” y “algunos estaban jalando agua a sus molinos”.
La primera en oponerse fue María Inés Solís (PUSC).
“Me parece que hay una intromisión de poderes. Nosotros nos quejamos cuando el Ejecutivo se quiere meter en asuntos de la Asamblea, pero con esta moción estamos haciendo lo contrario (sic.) Nos estamos metiendo en temas que le incuben al Ejecutivo. Igual, es peligroso que abramos el portillo de que cada diputado presente mociones para que el Ejecutivo le convoque sus proyectos estrella. Cada uno tiene sus proyectos que tienen intereses de presentar. Insto a que analicemos a que seamos sensatos. Ese asunto le incumbe al Ejecutivo. No a nosotros. Es una intromisión absoluta de poderes de pedirle que se convoque este proyecto”.
En la misma línea, Erwen Masís (PUSC) señaló que el proyecto de usura es “urgente” pero “representa peligroso de ver en medio de la emergencia nacional”
“En el fondo, estoy a favor del proyecto y de su nobleza, pero por la naturaleza no es un proyecto que surge en la emergencia. Ver ese proyecto y sus complejidades va a representar un peligro en las complejidades del procedimiento que estamos llevando. Abre una puerta peligrosa porque yo, la próxima sesión quisiera presentar varias mociones de proyectos que considero importantes para combatir la emergencia. Posiblemente ustedes igual, pero ese no es el orden establecido. Además, la convocatoria es pertinente al Ejecutivo y me parece una intromisión. Estamos abocados a la emergencia y pido por favor que por el orden, que lo sigamos llevando de esta manera”.
Erick Rodríguez Steller consideró que se estaba usando el contexto de la emergencia para tener un parlamento abierto y “las cosas que se están aprobando, le están causando más daño al país que el mismo coronavirus”. interfiriendo en el Poder Ejecutivo y el Congreso estaba resolviendo todo “a puros proyectos sin sentido”.
“Me parece que estamos abusando de un asunto en donde todo se arregla con leyes. Hago mías las palabras de Beto Cañas: Aquí solo hace falta poner una ley que prohíba la pobreza. Parece que aquí todo lo quieren arreglar con leyes y aprobar proyectos por intereses particulares para ver quién sale diciendo: yo hice el proyecto, es un asunto de egos que nada va a resolver”.
Finalmente, Jonathan Prendas aseguró que “la forma como se presentaba la moción podría ser riesgosa” y debía ser valorada.
En defensa:
Jose María Villalta (FA) señaló que el Ejecutivo no ha sido firme sobre el proyecto, no obstante, la moción era un llamado para que le dieran trámite al expediente.
“Esta moción debe aprobarse. Es una excitativa y un llamado desesperado al Ejecutivo, que en este tema ha tenido mucha debilidad y no ha sido firme para proteger los derechos de las personas por encima de los intereses de los banqueros. En una situación excepcional como la que estamos, se justifican medidas excepcionales. Si bien es cierto, no es el procedimiento ideal, es un llamado para que el Ejecutivo reaccione. Por ello, si tengo que escoger entre el procedimiento y el fondo, me quedo con lo segundo”.
Zoila Volio detalló que, a pesar que no le agradaba como se había presentado la moción, elegía por el interés del país por encima del procedimiento postulado”.
“Pongo la aflicción de esos hogares que van a tener que seguir pagando porcentajes y tarifas usurarias. Si a través de este proyecto podemos aliviarlos, creo que va a tener que ceder la forma por el fondo. La prioridad son los costarricenses”
Franggi Nicolás aseguró que era tiempo que el Ejecutivo convocara el proyecto y refutó el argumento de intromisión de poderes.
“No hay intromisión. Es una excitativa para que se convoque un expediente tan necesario para el país y más en estos momentos de crisis.
Votación:
Luego de los argumentos, aprobaron la moción Laura Guido, Nielsen Pérez, Víctor Morales Mora, Paola Vega, Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo, Catalina Montero, Welmer (PAC), Zoila Rosa Volio, Marulin Azofeifa (independiente), Xiomara Rodríguez, Mileidy Alvarado, Melvin Núñez Piña, Eduardo Cruickshank (PRN), Jose María Villalta (FA), Patricia Villegas (PIN), Silvia Hernández, Karine Niño, Roberto Thompson, María José Corrales, Daniel Ulate, Paola Valladares, Luis Fernando Chacón, Luis Aiza, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, Franggi Nicolás, Yorleny León, David Gourzong, Carlos Ricardo Benavides (PLN) y Dragos Dolanescu (PR)
En contra votaron Erick Rodríguez Steller, Carmen Chan, Ivonne Acuña, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar, Nidia Céspedes, Jonathan Prendas (independiente), Carlos Avendaño (PRN), Otto Roberto Vargas (PR), Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz, María Inés Solís, Erwen Masís, Rodolfo Peña (PUSC), Óscar Cascante (PUSC)
El proyecto 21.177 (Ley para determinar las comisiones de intercambio y adquirencia de transacciones de compra con tarjetas de crédito y de débito, conocido popularmente como proyecto de datáfonos), busca que los márgenes de ganancia que obtienen los bancos por el uso de datáfonos a los comercios sean determinados por el Banco Central y el Ministerio de Economía (MEIC).
Tras una serie de acuerdos de texto sustitutivo, los diputados miembros de la Comisión de Hacendarios, en conjunto con el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), lograron determinar que las tasas tope serán de 39% para créditos en colones y 55% para microcréditos (en moneda local).
Actualmente,, las comisiones por uso de datafonos oscilan en promedio entre un 4% y 5% para comercios, restaurantes y PyMes, entre otros, mientras que en la Unión Europea este servicio tiene un límite de hasta un 0.30% para tarjetas de crédito y un 0.20% para tarjetas de débito. Cabe señalar que las comisiones que existen actualmente para el cobro del uso de un datafono fueron definidas en 1992 tras un acuerdo entre bancos.