Ni la devolución de tierras, ni los procedimientos legales ni los planes de prevención de la violencia han detenido los enfrentamientos.
por: Aarón Chinchilla / 25 febrero, 2020
Parece una noticia repetida, pero no lo es: Otro líder indígena fue asesinado en el territorio Térraba en Zona Sur.
El móvil es difuso y aún no existen “versiones claras” sobre el caso: El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) apunta a una quema en una finca, posterior un enfrentamiento entre indígenas y “colonos” que desencadenó una balacera entre 20 personas y en donde se ejecutó al líder indígena Yeri Rivera.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos comunicó que el caso se encuentra en investigación con la Fiscalía de Asuntos Indígenas para “esclarecer la verdad real de lo ocurrido”.
Mientras dudas, preocupación, papeles van y vienen entre oficinas, existen una realidad: Rivera estaba bajo un régimen de protección impuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La medida cautelar MC-321-12 obligaba al Estado a garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre… Hecho que no transcurrió con Rivera, ni con Minor Ortíz, Sergio Rojas…
Entretanto, muchos lamentos han surgido en las últimas horas y con muy pocas respuestas:
El primero en manifestarse fue el Presidente Carlos Alvarado, el cual condenó el asesinato del dirigente indígena Yeri Rivera y anunció que “se estarán anunciando medidas en dicha materia”.
“Lamento profundamente los hechos de violencia ocurridos el día de hoy en esa comunidad. Ya se ha procedido a la detención del presunto responsable”, manifestó vía twitter.
De igual modo y siempre en redes, algunos diputados han señalado que el asesinato de Rivera es “condenable” y de forma paralela, la comisión de Derechos Humanos aprobó una moción para que el ministro de seguridad, Michael Soto, rinda explicaciones sobre el asesinato y los enfrentamientos en el sur.
“No las han implementado (acciones) y me parece urgente que nos aclaren (sobre el caso). No podemos seguir viendo en el país como ocurren estos crímenes, alrededor de un conflicto que ya debería de tener un norte. No es un caso de ahorita”, precisó Paola Valladares (PLN).
Finalmente, Marulin Azofeifa (independiente-fabricista) consideró que no se está dando un abordaje integral al tema indígena.
“El sistema de seguridad de este país está dejando por fuera a estos territorios. Se les está dejando por fuera. Ya tenemos muertes. No sabemos cuántas son las muertes reales. ¿Y las que no se cuantifican?.
Mientras en San José hay lamentos en redes, en el Sur se vive preocupación por quién será el próximo, miedo de hablar e incertidumbre por lo que traiga la oscuridad de la noche.
De nunca acabar:
Durante los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y en parte del presente, se han dado disturbios y encontronazos por la pelea de líderes indígenas que buscan respeto para las tierras que les quieren arrebatar.
Sin embargo, los grupos armados que operan en Salitre y que son ampliamente conocidos por la Fuerza Pública del lugar según fuentes directas, se mantienen un estado de sitio, emplazando a los indígenas a irse.
Las acciones y los lamentos se quedan cortos: el anuncio del Gobierno para fortalecer su Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) en la zona de Buenos Aires de Puntarenas se ha generado casi por causa-efecto y no ha logrado frenar los asesinatos.
Ni la devolución de tierras, ni los procedimientos legales ni los planes de prevención de la violencia han detenido los enfrentamientos, las ansias de poder de los colonos ni el abandono que sufren los pueblos autóctonos.
El móvil de Rivera no es claro, van y vienen papeles… y no se resuelven los crímenes.